José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. Al menos cinco propietarios de pequeños comercios de esta cabecera municipal fueron remitidos a prisión preventiva como resultado del operativo realizado por elementos de la Policía Michoacán, en el marco de la aplicación del decreto estatal para romper la cadena de contagio de COVID-19. Las acciones se realizaron en establecimientos de la zona centro de la ciudad mediante el despliegue de unidades y elementos que paralizaron las avenidas principales ante el asombro de los transeúntes y vecinos; luego de esto, las autoridades locales emitieron un comunicado señalando que las acciones de las fuerzas policiales de la entidad se encontraban al margen de la ley y eran violatorias tanto de la autonomía municipal aunque el boletín de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad de la entidad consignó que de trató de una acción conjunta con elementos de la Guardia Nacional y Policías municipales. El texto destaca que, además de la detención de los comerciantes, se solicitó también la clausura de al menos 13 establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes. Pese a que el boletín de la dependencia estatal de seguridad señala la participación de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, en ninguna de las gráficas de apoyo del comunicado se identifica a más elementos que los de la SSP (Secretaría de Seguridad Pública); incluso, el operativo realizado en un negocio aledaño a la biblioteca pública local fue realizado únicamente por elementos de la corporación estatal, quienes rodearon a los ciudadanos que hacían fila para recoger sus envíos de dinero. Tras darse a conocer los hechos y a través de las redes sociales, comerciantes de este municipio demandaron a las autoridades correspondientes que se brinden las garantías necesarias para la correcta aplicación del decreto estatal ya que los hechos ocurridos la noche del sábado dejan ver que los elementos se han constituido de facto en jueces pues en un lapso no mayor a quince minutos ejecutan el listado de sanciones que van desde el apercibimiento verbal, cierre de la comercialización y el arresto administrativo. Incluso algunos sectores están planteando la necesidad de solicitar el retiro de los elementos estatales de esta demarcación local pues en los últimos años los elementos han sido señalados de retenes ilegales, tocamientos a mujeres al momento de hacer revisiones e, incluso, amenazas de ‘levantones’ a comunicadores en el ejercicio de su labor. En contraparte, hubo sectores que han señalado su agradecimiento a las corporaciones policiacas por estas acciones en un municipio en el que se han incrementado los casos positivos a COVID-19 como resultado de los festejos en el periodo del 12 de diciembre del 2020 al seis de enero de este año. De hecho datos proporcionados por el Gobierno de Michoacán señalan que durante el mes de enero la entidad registró más de 10 mil contagios y 664 muertes. Hasta el sábado seis de febrero el municipio de Jiquilpan contaba con 262 casos confirmados y 10 defunciones lo que lo coloca en el tercer lugar de la jurisdicción sanitaria 02 debajo de los municipios de Zamora y Sahuayo.
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