Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 14 meses de que el Congreso de Michoacán de retraso en el nombramiento de un ombudsperson para ocupar la silla de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), organizaciones de la sociedad civil denuncian “malos manejos” y opacidad por parte del poder legislativo para poner a funcionar el organismo descentralizado. En el marco del anuncio de la confirmación de la Sociedad de Organizaciones Michoacanas (SOM), más de 23 colectivos denunciaron que en el contexto de la pandemia y otros problemas sociales, la falta de dirección en la CEDH ya repercutió en la efectividad del organismo. En rueda de prensa, los colectivos conformados por migrantes, agricultores, académicos, ambientalistas y académicos, señalaron que si bien se nombró un encargado de despacho, lo anterior no ha alcanzado para cubrir el vacío dejado luego de que Víctor Manuel Serrato Lozano concluyó con su periodo de gestión gerente a la CEDH. Incluso, explicaron que en semanas pasas trascendió la convalecencia por COVID-19 del encargado de despacho, lo que asumieron como un momento de indefensión al organismo que año con año recibe Miles de quejas por violaciones a las garantías individuales. El exhorto es claro para la diputados locales. A un año de la pandemia por COVID 19, las violaciones a los derechos humanos han Sido constantes por lo que exigen que antes de que concluya su periodo al frente del legislativo, dejen nombrado al nuevo ombudsperson de Michoacán. Desde diciembre del 2019 está acéfala y a través de Twitter informaron que el encargado de despacho dio positivo a COVID 19 por lo que se aisló. Deseamos la pronta recuperación pero precisamos que este contexto lo único que refleja es la falta de vocación de la legislatura. Exigimos a la brevedad posible que se realice la consignación pues es insólito que a casi un año de la pandemia no puedan avanzar en este tema", manifestó Eloy Pintor Herrera, integrante de los colectivos. Desde que quedó acéfala, la comisión se ha enfrentado a serios retos en la defensa de los derechos humanos en el estado. Desde los efectos del confinamiento obligatorio por la crisis sanitaria, los actos de autoridad, la violencia generalizada y por otra parte, la falta de recursos a finales de año que pusieron en riesgo la operatividad del organismo. Especialistas han manifestado que si bien se cuenta con la figura de un encargado de despacho, lo anterior de ninguna forma sustituye la investidura de un titular debidamente nombrado por el alcance que puede llegar a tener ante los distintos poderes del estado. Las condiciones de Gobernabilidad y los propios intereses de la ciudadanía se acusan olvidados por los intereses electorales de este 2021. Durante la presentación de la organización que aglomera hasta 23 colectivos, se manifestaron por qué los actuales representantes del pueblo cumplan en cabalidad con sus obligaciones antes de volver a salir del voto. Fue en la segunda semana de diciembre cuando el Congreso del Estado de Michoacán tuvo en sus manos la tarea de nombrar al perfil idóneo para ocupar por los próximos 4 años el cargo de ombudsperson. No obstante, luego de un proceso lleno de irregularidades terminó por desecharse el proceso para iniciar uno nuevo. A casi 1 año después de dicha situación, el organismo descentralizado encargado de velar por los intereses y las garantías individuales de los michoacanos, sigue siendo uno de tantos pendientes en el legislativo estatal.En diciembre del 2019, poco antes de concluir su mandato, Víctor Manuel Serrato Lozano advirtió ante medios de comunicación la urgencia de que no se tardara más de1 mes el nombramiento de su sucesor. Explicó, la dinámica del estado requiere de una figura que garantice los señalamientos a las faltas recurrentes de los distintos niveles de gobierno.Legisladores, no cumplen. En voz de los colectivos, hasta un 80 por ciento de las iniciativas presentadas en el Congreso Local de Michoacán terminan en la congeladora. Asuntos como los derechos humanos, inclusión de personas con discapacidad, seguridad y programas sociales siguen quedando en el olvido por los diputados.
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