Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Con el voto a favor de 54 legisladores de Morena, PRI y PT, 49 en contra del PAN, PRD y algunos priistas, así como 10 abstenciones, el Senado avaló, en lo general, la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que tendrá acceso a datos biométricos de sus propietarios. Al presentar el dictamen de comisiones unidas de Comunicaciones y Estudios Legislativos, con la reforma a Ley general de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el padrón de usuarios de telefonía móvil, la senadora Lucy Meza explicó que se busca que las autoridades tengan elementos para identificar la comisión de delitos. La oposición, encabezada por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, anunció que agotarán todas las instancias legales, incluso hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, para evitar que se obtengan los datos biométricos de los ciudadanos con acceso a servicio celular. Al presentar el dictamen, la senadora Lucy Meza explicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de cada cinco delitos cometidos fueron extorsiones, lo que genera a la delincuencia más de 12 mil millones de pesos en ganancias, de allí la importancia de la aprobación de las reformas a la ley que identificarán a quienes adquieran un chip telefónico, aunque sus datos estarán protegidos y sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dará autorización a las autoridades competentes. También, el legislador Manuel Añorve, quien avaló la reforma, destacó que la aprobación de la minuta busca inhibir los principales delitos de los que son víctima los ciudadanos, pues sólo el año pasado se cometieron 5.7 millones de extorsiones. En México existen 122 millones de líneas de servicio móvil y 85 por ciento de ellas son de prepago que, hasta ahora, no tienen requisitos de registro y las convierte en herramientas fácilmente usadas por la delincuencia, destacó el priista. “Lo que buscamos con este dictamen es ayudar en la investigación de delitos y dotar a las autoridades de más elementos para su investigación”, añadió. A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez acusó que el gobierno federal no puede atacar a la delincuencia mediante esta vía, y aunque advirtió que la intención es buena, conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria, pues obliga a registrar huellas dactilares y biométricas, sin darle recursos al IFT. Por su parte, el panista Gustavo Madero atribuyó la propuesta a una incapacidad del gobierno federal para combatir este tipo de ilícitos. “Este tipo de padrón sólo lo utilizan los países autoritarios”, y anunció que Acción Nacional agotará todos los instrumentos legales para evitar su aplicación, “nos vemos en la Suprema Corte”, advirtió. Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, sostuvo que el dictamen es “un coctel de violaciones” constitucionales y afectaciones a diversas garantías que, “lejos de coadyuvar a la lucha contra la inseguridad, van a fomentar otras prácticas”. Además, alertó que con la aprobación de la reforma habrá una lluvia de amparos, entre otros, porque la ley no podrá ser retroactiva. Al anunciar el voto en contra por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón advirtió que, con la aprobación del dictamen, se atenta contra la protección de los derechos personales y el acceso a las nuevas tecnologías. Consideró que fomentará otro tipo de delitos y prácticas por parte de la delincuencia organizada, sobre todo cuando se sabe que la mayoría de las extorsiones se realizan desde los reclusorios, además de que si el equipo es robado, el titular será señalado como el responsable del ilícito. “El sujeto que piensa cometer un delito no lo hará desde una línea telefónica registrada a su nombre”, advirtió. En tanto, el senador Emilio Álvarez Icaza también manifestó su rechazo al dictamen, al señalar que representan una amenaza contra los derechos humanos. En este sentido, Alejandra Lagunes se pronunció en contra de la iniciativa, al advertir que deja sin garantías la privacidad de usuarios. Ahora, el Senado deberá discutir las reservas presentadas por la oposición para modificar algunos artículos de la reforma.
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