Agencias / La Voz de Michoacán Monterrey, Nuevo León. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, acusó que la resolución que pretende el INE en su contra implica violencia política de género en contra de su esposa, Mariana Rodríguez; por su parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, señala que él no tiene nada qué discutir, que si hay inconformidad, el gobernador electo puede impugnar. El mandatario electo compartió en sus redes sociales que esto afecta su condición de mujer con base a un estereotipo de esposa, ajena al activismo político de su pareja. García se pronunció en sus redes sociales previo a que el órgano electoral discuta el proyecto que contempla una multa de 55 millones de pesos por el apoyo que Rodríguez le dio en sus redes sociales durante su campaña y por el cual el INE estima un costo de 27.8 millones de pesos que deberían sumarse a su contabilidad. García insistió en que la determinación del Instituto transgrede los derechos humanos de su esposa y la obliga a elegir entre participar activamente en la campaña y administración de su esposo y poder ejercer libremente su profesión. Comentó que no es justo que quieran encasillar a su esposa como mercancía que se le puede poner precio. No voy a discutir con Samuel García por decisiones del INE: Córdova Sobre ese tema, el consejero presidente Lorenzo Córdova dejó claro que ni los consejeros ni el Instituto Nacional Electoral (INE) discuten con los actores políticos, por lo que si el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, no está conforme con las sanciones que se votarán, tiene derecho a impugnarlas. En entrevista con Milenio mientras la sesión de Consejo General estaba en receso, Lorenzo Córdova fue cuestionado sobre este tema y se limitó a señalar que la autoridad electoral no debate con los actores políticos y quien esté inconforme con las decisiones, tiene derecho a impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Eso yo no lo voy a discutir con nadie, el INE no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar. Ahí están las consideraciones del proyecto, y las consideraciones del proyecto es la base de la discusión que se va a tener. “Yo creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Dicho lo cual, hasta ahí mis comentarios. Lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral”. El consejero presidente pidió esperar a que se dé la votación, pues estos casos han sido reservados para discusión, por lo que podría tener modificaciones, pero dejó claro que lo que está en el proyecto es porque la investigación determinó que hubo violaciones que se deben sancionar. “El órgano electoral aplica las reglas y a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está claro lo que establece el Reglamento de Fiscalización. Están muy claras las conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata. “Es decir, lo pongo así, si alguien tiene una actividad empresarial, promociona productos en sus redes sociales, pues ésa es su actividad empresarial y eso no se puede donar en especie a los partidos. Es lo que dice el Reglamento de Fiscalización. Lo demás son discusiones que no le corresponden entrar al INE, le corresponderá entrar en el Consejo General; aquí vamos a discutir, éste es el espacio de discusión, lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes en el país”. Insistió en que tanto éste como el caso del pago a influencers por parte del Partido Verde Ecologista de México se van a analizar y a discutir y será la mayoría del Consejo General el que defina. Pero reiteró que se trata de investigaciones documentadas por faltas en las que incurrieron los partidos políticos y los candidatos.
La Voz de Michoacán
