Héctor Jiménes / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El superbono de tres meses de salario aprobado por el Cabildo de Morelia para regidores y secretarios asciende a casi 4.5 millones de pesos, mismo que ya ha sido entregado en dos exhibiciones a más de 18 servidores públicos, según documentación municipal. A la par que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) apuntó a una posible irregularidad que implique desde observaciones hasta el retorno de los recursos. Documentación municipal enumera que los regidores María Guadalupe Alcaraz Padilla, Ricardo Mosqueda Álvarez, Eliacim David Cañada Rangel, Moisés Cardona Anguiano, María del Carmen Cortés Cortés, Gaspar Hernández Razo, Ignacio Rubén Pedraza Barrera, Maribel Álvarez Rodríguez y Gustavo Omar Trujillo Corona recibieron montos de 141 mil 975 pesos por concepto de “Reconocimiento Covid-19” en la primera quincena de junio. A los anteriores se suman montos de 148 mil 500 pesos para el presidente municipal provisional, Humberto Arróniz Reyes y de 147 mil pesos para la síndica Labinia Aranda Ortega. Así como montos de 74 mil 839 pesos para los secretarios Mónica Ayala García, Ramón Baltierra Sánchez, Antonio Godoy González Vélez y Mario Rodríguez Loeza, además del contralor Norberto Bedolla Rendón y la tesorera María de los Remedios López Moreno. El total es de 2 millones 097 mil 154 pesos entregados por este concepto en la primera quincena de junio. Mientras que para la segunda quincena se otorgó otro pago igual además de que se sumaron los regidores Carlos Reyes Reyes y Rosalva Vanegas Garduño. De tal forma que el saldo final es de 4 millones 478 mil 259 pesos entregados a 20 funcionarios. Es importante recordar que dicha bonificación fue aprobada por unanimidad del Cabildo de Morelia en marzo pasado. Si bien en el papel se afirma que se trata de una bonificación por haber laborado durante el periodo de pandemia por el COVID-19, autoridades municipales reconocieron que más bien se trata de un finiquito de tres meses de salario con motivo del fin de este periodo de gobierno municipal. “Resultó fácil plantear que fuera un bono por el tema de COVID, pero en realidad es un bono de finiquito de fin de trienio que plantearon los regidores, y ese bono se aplicó a los secretarios y a los regidores por acuerdo de cabildo”, afirmó el presidente provisional, Humberto Arróniz Reyes. El alcalde aseveró que, ya después de haber recibido la bonificación, él solicitó que su pago fuera retornado a las arcas municipales, así como precisó que la regidora Melissa Susan Vásquez fue la única funcionaria que renunció a dicho beneficio. De forma separada también se difundió un oficio firmado apenas el 27 de julio con el que la regidora Maribel Rodríguez Álvarez también renunció al pago. La aprobación de este bono se dio a pesar de que las actuales autoridades afirman encabezar un gobierno de “austeridad”. Si bien el monto total puede parecer bajo, dentro de un gobierno municipal es suficiente para obras de tamaño menor, como la rehabilitación de la cancha del Complejo Deportivo Bicentenario, que, según información del ayuntamiento, tuvo un costo de 4 millones 323 mil 684 pesos, o incluso casi el doble de la rehabilitación del Centro de Cultura de la Discapacidad, por un costo de 2 millones 294 mil 612 pesos. POSIBLE IRREGULARIDAD Cuestionada sobre este caso, Rosmi Bonilla Ureña, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, apuntó que podrían darse observaciones y hasta el posible retorno de los montos, debido a que la ley no permite entregar bonos o compensaciones extraordinarias a personal de confianza en administraciones públicas. “Tenemos que ajustarnos a la legalidad y la legalidad habla de que los bonos no están permitidos en la administración pública. Están prohibidos para el personal de confianza. Las conquistas que van teniendo los sindicatos son independientes, pero al personal de confianza no pueden otorgárseles bonos ni compensaciones extraordinarias a su salario”. Si fue un bono y éstos están prohibidos, lo más seguro es que al momento de la revisión de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría este recurso se observe y esto implicará para el propio ayuntamiento como institución algunas cuestiones administrativas, algunas sanciones y para quienes recibieron el recurso muy probablemente les toque resarcir el recurso, es decir, devolverlo”, ahondó la especialista. Cuestionada sobre la versión de que los servidores no deben recibir un finiquito debido a que no son trabajadores regulares sino funcionarios públicos, matizó que esto es correcto, pero también depende de lo que establezcan sus contratos. Tendríamos también que revisar la contratación. Es decir, si en su contrato se establece que al terminar su cargo recibirán en algunos casos son tres meses de salario, en otros casos es una quincena, dependiendo del nivel de jerarquía. Por otro lado, habría que revisar el Presupuesto de Egresos que se aprobó para Morelia este año porque ahí tendría que estar presupuestado este recurso. Del capítulo 1000, que es la partida para sueldos y salarios, no pueden cambiar el dinero de esta bolsa a otra o de otra bolsa a ésta. Tendría que haber estado presupuestado y hay que revisarlo”, concluyó.
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