Luis Sigfrido Gómez Campos Recién se destapó la cloaca de un asunto que desde hace años se conocía en los círculos burocráticos de alto nivel y de todos los liderazgos político-sociales sin que nadie hiciéramos nada por combatir la intromisión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos a través de Pegasus, de tecnología israelí. Todos lo sabíamos, fuimos víctimas del espionaje más burdo y autoritario desde las más altas esferas del poder; era una verdad consentida por una clase política que no supo cómo enfrentar los embates autoritarios de gobiernos ensoberbecidos que realizaron prácticas violatorias a los derechos humanos. Y es que los avances de la tecnología rebasaron toda posibilidad lógica de combatir con eficacia el enorme poder de que se abastecieron los personajes más siniestros de las áreas más importantes de la seguridad pública nacional. La justificación que tuvieron para adquirir tecnología de punta para investigar a todo el que se propusieran, fue la necesidad de contrarrestar el poder de los grupos criminales. Y como es cierto que el aumento de la criminalidad en nuestro país ha ido en constante crecimiento, muchos pensaron que era razonable la adquisición de tecnología que permitiera, con la autorización de un juez que justificara la necesidad de la medida, el uso de esta nueva tecnología. No fue difícil que la sociedad y sus líderes consintieran que se entrara en tratos con personajes de origen israelí, que habían diseñado la tecnología más avanzada en materia de espionaje cibernético. Solamente las voces de los especialistas y periodistas con un alto sentido crítico, advirtieron del enorme riesgo de emplear esta tecnología en una sociedad que nunca estuvo preparada para oponerse con energía al poder. El uso discrecional de un arma tan poderosa como la posibilidad de acceder a las conversaciones privadas de líderes, periodistas, políticos de todos los bandos y de todo aquel que pudiera emitir una opinión “sospechosa” sobre el gobierno y sus instituciones de seguridad, ponía en potencial riesgo a todo aquel que pudiera disentir del pensamiento oficial. Y no obstante que las investigaciones recientes documentan la adquisición y uso de esta tecnología a partir del gobierno de Peña Nieto, hace más de una década que en los corrillos de la oficialidad formal y de los órganos autónomos de gobierno, se comentaba abiertamente del uso de esta tecnología sofisticada de origen israelí. Sobre todo, los jefes, llegaron a ser advertidos de la invasión de su privacidad a través de sus aparatos de telefonía celular, por lo que preferían la adquisición de equipos BlackBerry porque, según eso, eran más difíciles de rastrear. Esto era tan divulgado que cuando alguien establecía una conversación de tipo político, no sólo apagaba su teléfono, sino que lo dejaba fuera del alcance de la conversación, la cual se realizaba mediante susurros para no ser alcanzados por “los pájaros en el alambre”. Y, repito, esto ocurría hace más de una década. Ni en la época más temible de la dictadura soviética donde se ocupaban miles de agentes para espiar a todo posible disidente se habría soñado con la sofisticación y eficacia del uso de la tecnología israelí. Los métodos soviéticos, o los de la época del macartismo norteamericano, eran torpes y de resultados muy peligrosos para sus sociedades. Pero nada comparado con la sofisticación y eficacia nociva de Pegasus. Con sólo mencionar alguna palabra clave en alguna conversación privada, se podía activar el rastreador para que se grabara una conversación. Si decías, por ejemplo: “el número uno”, o “el jefe mayor” o cualquier otra expresión equivalente, en el medio oficial, era seguro que tu información sería rastreada, clasificada y desechada o utilizada según el grado de interés para el husmeador. Eso se decía en el medio oficial hace más de una década. Y se decía, además, que no solamente eran los más altos organismos de seguridad del Estado mexicano quienes utilizaban esta tecnología, sino que muchas Entidades Federativas o sus órganos internos, por la gran discrecionalidad que prevalecía en el manejo de sus partidas secretas, habían obtenido esta tecnología para espiar a sus opositores políticos. Eso era admitido como actividad inherente a las tareas ordinarias de gobierno. Nadie se escandalizaba y todos lo sabían. Hoy en día, se ha vuelto a destapar la cloaca para investigar y sancionar a quienes hicieron uso de los recursos públicos para realizar acciones indebidas de espionaje en contra de personas que criticaban al poder. Una investigación seria debería ser exhaustiva y explicar puntualmente quienes estuvieron implicados en actividades que pudieran ser constitutivas de delito; hasta cuando se utilizaron estos mecanismos y si se todavía se siguen utilizando por algún órgano del Estado. Hace algunos años, un amigo, escandalizado por la información del posible espionaje a los ciudadanos ordinarios, dijo: “¿te imaginas, que los órganos del Estado nos estén investigando?” A lo que, otro amigo le respondió con burla: “a ti, quien carajos te va a querer investigar”. Es muy probable que fuera cierto, que ese amigo no fuera objeto de interés para los husmeadores oficiales, pero es un asunto terrible que personajes que participan en la vida pública estuvieran siendo espiados por los aparatos del Estado. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
