Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Entre 2018 y 2020 se sumaron a la pobreza extrema unos 120 mil michoacanos. La más reciente medición de Coneval detalla que la entidad creció de 5.3 a 7.6 por ciento de población en esta condición durante los últimos dos años, en donde se señala a la pandemia, pero también a las políticas públicas de orden federal como factores para esta problemática en ascenso. Destaca también que, casi 700 mil michoacanos perciben menos de mil 800 pesos al mes, que es un ingreso a todas luces inviable para satisfacer las necesidades mínimas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria. Es decir, que tienen un ingreso menor a los mil 745 pesos al mes en el sector urbano o mil 256 pesos en el rural. ENTORNO PREOCUPANTE La llamada línea de la pobreza extrema se considera el entorno social y económico más preocupante de todos, se encuentran en una situación donde es prácticamente imposible salir, pues a la falta de dinero se suman otras carencias también importantes: desde vivienda, servicios de salud y hasta acceso a la educación. En total, son ya 363 mil 700 michoacanos que sobreviven en pobreza extrema, cifra notablemente superior a los 247 mil 700 que se tenían calculados apenas en 2018, por lo que esta población prácticamente creció en un 47 por ciento en sólo dos años. Aunado a ello, mientras en 2018 la cantidad promedio de carencias era de 3.6 por persona, ahora es de 3.7, lo que pinta un panorama donde no sólo más gente se sumó a la pobreza extrema, sino que sus carencias y problemáticas son mayores. Si bien el Coneval detalla que la población en situación de pobreza (ingreso bajo y una carencia social) o pobreza moderada no aumentó en este lapso, el escenario para el estado de Michoacán es muy complejo pues la pobreza extrema supone un rango de desventaja social del cual difícilmente, a pesar los años y los programas sociales, se supera. Los indicadores negativos en este aspecto son varios y se suman, por ejemplo, que, sin contar las carencias sociales, el 14.5 por ciento de michoacanos tiene un ingreso menor a la línea de pobreza extrema, cuando en 2018 era el 12.8 por ciento. También creció el porcentaje de población con al menos tres carencias, que pasó del 24.5 al 30.4; es decir, 694 mil personas tienen menos de mil 800 pesos al mes, mientras que casi la tercera parte de los michoacanos tiene alguna problemática notable en vivienda, seguridad social, salud, educación o alimentación. Las explicaciones a esta problemática son varias, si bien las mediciones se esperaban ante una contingencia sanitaria por la Covid-19 que ha costado el cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de empleos. No obstante, la situación también contrasta con las políticas públicas planteadas desde la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una tendencia que ya se marcaba de déficit aún antes de la pandemia. APOYOS, SON INSUFICIENTES Del mismo modo, el crecimiento en la cifra de gente que tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema demuestra que los apoyos directos (las becas y las pensiones, principalmente) no están llegando, son insuficientes o no sirven para atacar el problema de fondo. El aumento del salario mínimo, un tema que ha destacado el gobierno federal y se encuentra en 142 pesos al día, impacta también a un rubro mínimo de la base trabajadora en el estado cuyo sueldo está tasado en este formato; empleados bajo contrato regular no han recibido incrementos en años mientras que en el sector informales prácticamente imposible controlar el sueldo. Finalmente, derechos humanos ligados a prestaciones sociales se han vuelto poco a poco en un lastre, especialmente para las personas en situación de pobreza. Al respecto, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha destacado la necesidad de desligar el acceso a la salud a una condición de trabajo, toda vez que si no tienes empleo registrado ante la autoridad no cuentas con IMSS o el ISSSTE, por lo que deja de funcionar como un derecho y pasa a ser más bien una prebenda, algo incluso fatal en tiempos de pandemia. Una de las causas de la situación actual es el modelo de seguro social que México adoptó el siglo pasado al incluirla salud, las estancias infantiles y otras coberturas en las prestaciones laborales a cargo de cuotas obrero patronales”, ha comentado Rogelio Gómez, presidente de la asociación, quien acotó que no se debe negociar ni con la salud ni con los derechos constitucionales: “La salud es un derecho, corresponde al Estado garantizar su acceso. Eliminar incentivos a la informalidad implica eliminar ese nudo que encadena el derecho a la salud y al derecho al trabajo”.
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