Leo Zuckermann Encuentro una importante y cándida declaración en la página dos de la sección “Negocios” del Reforma de ayer. En una entrevista con René Delgado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, confiesa acerca del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de libre comercio: “Creo que a lo mejor concedimos un poquito más de lo que debiésemos desde la perspectiva en la parte del acompañamiento laboral”. ¿Hasta ahorita se están dando cuenta de lo que accedieron y firmaron? En su momento, muchos lo advirtieron. Con las prisas por cerrar la negociación, y para dejar contentos a Trump y los demócratas que controlaban la Cámara de Representantes, el gobierno de AMLO cedió en todas las propuestas laborales que demandaban los estadounidenses. México se comprometió a la libertad de asociación de los trabajadores y la negociación colectiva; a crear órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos; a establecer un sistema de verificación de las elecciones de los líderes sindicales para que éstas se lleven a cabo a través del voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato; a una justicia laboral expedita; y a la publicación de los contratos colectivos de trabajo y de los estatutos del sindicato. Todas estas medidas están bien. Son comunes y corrientes en las economías desarrolladas. Ya existen en Estados Unidos y Canadá. No así en México donde los derechos laborales suelen ser de papel. Bienvenido, entonces, un nuevo marco legal y operativo para que los trabajadores puedan defender sus intereses. Pero México fue más allá. También aceptó el llamado “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas” (MLRR). De acuerdo a esta disposición, “Estados Unidos y Canadá pueden suspender el tratamiento arancelario preferencial, suspender la liquidación y/o bloquear la entrada de bienes desde instalaciones que no se conformen a los lineamientos salariales en tan solo 120 días después de iniciar el proceso de disputa”. Una corporación estadounidense o el gobierno de ese país puede notificar a una empresa localizada en México que ha comenzado un MLRR por no estar respetando los derechos de sus trabajadores (sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de EEUU también pueden hacerlo a través de su gobierno). Ahí comienza el proceso para dirimir la controversia. “Las autoridades mexicanas tendrán 45 días para concluir si hay una negación de derechos laborales. Luego se tienen hasta 10 días para llegar a acuerdos que salden los derechos denegados y aplicarlos. Pero si las autoridades mexicanas no encuentran una violación, Estados Unidos pueden establecer un panel de verificación con candidatos de cada una de las partes. México luego tiene 7 días para aceptar el panel y 30 más para llevar a cabo la verificación”. “Si México rechaza la verificación, Estados Unidos puede solicitar que el panel simplemente tome una determinación dentro de los próximos 30 días. En este escenario, el panel debe brindar a ambas partes la oportunidad de ser escuchados y luego emitirá una decisión pública por escrito con su determinación sobre la denegación de derechos, su gravedad, los responsables y, si lo solicita México, recomendaciones de reparación”. Para ser claros, se le dio un enorme poder a empresas, sindicatos y gobierno estadounidenses en la aplicación de la ley laboral en México. Ni tardos ni perezosos, comenzaron las quejas bajo el mecanismo del MLRR. Sindicatos del vecino del norte, a través de su gobierno, demandaron a la empresa Tridonex de Matamoros por presuntamente no respetar el derecho de su personal a sindicalizarse en otra organización. El gobierno de Biden también aplicó este mecanismo para la planta de General Motors en Silao por supuestas irregularidades del sindicato y empresa en la formalización del contrato colectivo de trabajo. Esto es lo que aceptó el gobierno “nacionalista y no intervencionista” de López Obrador. Hombre, y hasta ahora se están dando cuenta de lo mucho que les abrieron la puerta a sus vecinos del norte. En palabras de Clouthier: “¿el que yo te acompañe y observe quiere decir que tengo derecho a meterme en las decisiones internas que tomes o no? Y ahí́ es donde podría interpretarse que abrimos la puerta un poquito más de lo que debimos”. Pues sí. Para la próxima sería bueno leer y reflexionar antes de firmar un acuerdo internacional. Twitter: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
