Jaime Darío Oseguera Méndez Después de ser uno de los mandatarios locales con mayores niveles de popularidad en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, renunció esta semana después de una avalancha de acusaciones sobre acoso sexual en su mandato. ¿En qué momento debe renunciar un representante popular? Si es que decide hacerlo por su propia voluntad. ¿Cuáles son las causas, los casos, las circunstancias en que lo debe hacer? Tal es la pregunta que nos planteamos en tiempos donde el cuestionamiento y las formas de gobernar en el mundo, generan todo tipo de críticas e insatisfacción de los votantes respecto de sus representantes populares. Es obvio que cuando un personaje electo por la vía del voto, sea en el ejecutivo o el legislativo, comete un delito de esa naturaleza, debe enfrentarlo, para lo cual el sistema debería facilitar la separación del cargo de quienes tienen fuero. Hoy tenemos un diputado federal acusado de violación y no sabemos bien a bien por qué no lo han desaforado. Gobernar desgasta. Es una obviedad que no por evidente debemos dejar de lado. El político que entra en contacto con la realidad, se enfrenta de inmediato con la exigencia del cumplimiento de sus propias propuestas y, para bien o para mal, con las que hayan hecho los demás, sus contrincantes. La famosa consulta sobre revocación de mandato, el señalamiento sobre la conducta y desafuero de un par de legisladores federales, los señalamientos contra el Gobernador de Tamaulipas y ahora la separación del cargo del gobernador de Nueva York, aunque este último caso nos parezca exageradamente lejano, provoca la reflexión sobre la naturaleza de la representación política. Nuestro sistema de representación quiere estabilidad. Así se planteó justamente para que la discusión político-electoral no se extienda más allá de las votaciones. Estabilidad que significa un trabajo lo suficientemente solvente, racional, consistente, como para que solamente haya necesidad de elegir gobernantes cada tres o seis años. Por eso se dio el empate de las elecciones federales con las locales, para que la discusión electoral se redujera a los procesos electorales cada tres años. Mario Cuomo ha sido al gobernador de ese estado tan importante durante varios años y ganó más notoriedad recientemente cuando se propuso informar diariamente sobre la evolución de la pandemia en Nueva York. No han sido probadas las acusaciones en su contra, pero perdió su credibilidad y seguramente las acusaciones pasarán a segundo plano una vez que ya no es relevante golpearlo políticamente. Volvemos entonces a la pregunta: ¿Cuándo se debe retirar un representante popular? ¿Es suficiente con que lo acusen? Hay que distinguir entre el retiro de la escena pública y la a sanción por una conducta inapropiada. Allá y acá nadie es culpable hasta que no lo decida así un Tribunal de derecho. El punto de todo es el siguiente: allá con el señalamiento de una conducta presuntamente inapropiada se ha caído una de las figuras más populares de los últimos años y acá ni con evidencias contundentes es posible enjuiciar políticos a menos que sea bajo consigna directa. ¿Por qué? Una respuesta entre muchas otras es porque no funciona el sistema anticorrupción. Es un mecanismo tan complejo que se volvió completamente inoperante, burocratizado. Actúa cuando lo quiere animar el gobernante en turno, porque de otra manera no hay forma de que fluya la información y los procedimientos para tener bajo regla a los que manejan el dinero La consecuencia es que el sistema no funciona para prevenir, sino para vengarse. La tentación siempre es para el que entra, de tomar revancha del que sale por lo que hizo, por lo que dicen o se imaginan que hizo. Lo del gobernador Mario Cuomo también nos lleva a la pregunta sobre el momento en que se tiene que ir un gobernante presionado por la opinión pública. En el caso de la revocación del mandato, la pregunta es ¿Cuántos deben votar y cuál es el porcentaje en contra de alguien para revocarlo? Supongamos que a un gobernante le revocan el mandato una décima parte de quienes lo eligieron ¿Es legítimo, democrático, responsable, razonable? ¿Cuál es el porcentaje “adecuado” que legitima la pérdida de confianza? Tenemos que hacer una distinción. No es lo mismo el caso de los representantes populares probadamente vinculados con delitos, que aquellos quienes pierden popularidad por falta de resultados. En el primer caso las instituciones deberían funcionar implacablemente para sancionar conductas indebidas; sea el congreso para desaforar y permitir el enjuiciamiento por algún delito o el sistema anticorrupción en el momento en el que se detecta una desviación de recursos. De no ser así, lo que procede es simplemente la pérdida de confianza que se sanciona en las urnas, cuando la gente va y vota, decidiendo si renueva su apoyo a una persona, su partido o si procede la alternancia. Es un asunto tan sencillo que no sabemos por qué no funciona. Tal vez porque quienes lo diseñan, son los mismos que eventualmente serán sujetos de su sanción. Casi siempre suenan chocantes las comparaciones con los Estados Unidos. Tal vez porque casi siempre, exhiben nuestras propias miserias.
La Voz de Michoacán
