Bernardo León La impunidad en Michoacán es por mucho la principal causa de inseguridad en el estado, ya que los delincuentes saben que es muy poco probable que sean procesados y sentenciados por los delitos que cometen, lo que “abarata” mucho el costo de cometer delitos y el beneficio es muy alto. Desgraciadamente es un negocio con bajos costos y alto rendimiento. En Michoacán, medimos el número de delitos y el número de víctimas de dos maneras distintas, por un lado, a través de las encuestas de victimización que hace el INEGI y por el otro, con los reportes que hace la Fiscalía General del Estado sobre los delitos de los que tiene conocimiento. En septiembre de cada año, el INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en la que básicamente les preguntan a los ciudadanos si han sido víctimas de algún delito y si fuera el caso, de qué tipo delito y también interrogan a las víctimas sí lo denunciaron y si sí lo hicieron, cuales fueron los efectos de la denuncia. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de sus agencias del Ministerio Público en todo la entidad, recibe denuncias de hechos posiblemente delictivos y revisa la información que proporcionan los denunciantes o las circunstancias de un posible delito y “determina” si hay delito que perseguir y lo reporta al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con base en los datos de la ENVIPE, el INEGI calculó que en 2015 se cometieron 743,017 delitos a 591,446 víctimas en Michoacán, es decir, 1.25 delitos por víctima. De esos delitos sólo se denunciaron 83,759 (11.27%) pero sólo procedieron 53,012, es decir, del total de delitos (823,551) solamente en el 7.13% de los casos se inició una investigación. Frente a estos datos, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado reportó en el mismo 2015 que en Michoacán se habían cometido 30,897 delitos (712,120 menos de los calculados por el INEGI) con base en las denuncias que recibió el Ministerio Público y que determinó procedentes y con las investigaciones que inició de oficio. La enorme diferencia entre los datos del INEGI y los de la PGJ es la llamada “Cifra Negra” es decir, los delitos que se cometen pero que no son denunciados de ninguna manera y que por tanto el Ministerio Público no tiene conocimiento de ellos por lo que no son investigados mucho menos procesados y quedan impunes. Cuando el INEGI les preguntó a las víctimas porqué no habían denunciado, el 58% dijo que “tenía miedo de que la autoridad lo extorsionara”, es una “perdida de tiempo”, los “trámites son largos y difíciles”, “desconfía de la autoridad” y “por actitud hostil de la autoridad”. El resto señaló que no habían denunciado porque “tenían miedo del agresor”, “no tenía pruebas” o era un delito de poca importancia. En Michoacán el 100% de las denuncias de los delitos se reciben en las agencias del Ministerio Público que – como demuestra la ENVIPE- no es un lugar donde las víctimas se sientan seguras para denunciar. Lo paradójico es que desde 2014 cuando se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales estableció en su artículo 132 fracción I que las policías tienen la OBLIGACIÓN de “Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas”. Durante el trienio 2015-2018 en la Policía de Morelia se hizo un enorme esfuerzo para que la policía municipal recibiera denuncias, se crearon centros de atención a víctimas y se habilitaron especialistas en atención a víctimas para que pudieran recibir las denuncias en el lugar de los hechos, sin embargo, a pesar del éxito que tuvo esta práctica, hubo una enorme oposición de la PGJ y en el resto de los municipios del estado no se puso en práctica y finalmente dejó de hacerse. En 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un documento denominado “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica” que entre muchas cosas establece nuevamente la obligación de las policías de recibir denuncias, sin embargo, en Michoacán ninguna policía municipal lo ha implementado. El resultado de la omisión; en 2020, la FGE reportó que en Michoacán se habían cometido 45,888 delitos, mientras que la última ENVIPE con datos de 2019 (la 2020 saldrá en septiembre) calculó 662,046 delitos, (una diferencia de 616,158 delitos) de los cuales se denunciaron 61,971 (9.4%) pero solo se inició investigación en 32,819, la Cifra Negra, es decir, la impunidad antes siquiera de que la autoridad intervenga fue del 95.6%. En ese año 2020, el Poder Judicial de Michoacán dictó únicamente 217 sentencias condenatorias. @bernardomariale
La Voz de Michoacán
