Luis Sigfrido Gómez Campos En el año 2005, en tiemposdel gobierno de Vicente Fox, se acusaba a Andrés Manuel López Obrador de haber violado la ley porincumplir con una determinación judicial que ordenabaque no se construyera una calle enterrenos que reclamaba un particular, el peje se vio envuelto en un proceso jurídico-político en el que se pretendía quitarle el fuero del que disfrutaba comoJefe de Gobierno de la Ciudad de México. Lopez Obrador sostenía que todo era un complot para sacarlo de la jugada, pues aspiraba a contender para la Presidencia de la República en las elecciones del 2006, por lo que, aparte de instrumentar su defensa jurídica, realizó una serie de movilizaciones en las que denunciaba el abuso del poder al que se le pretendía someter. Y en esas arengas dirigidas a sus seguidores acuñó la frase “los quiero desaforadamente”. A fin de cuentas a Andrés Manuel no se le quitó el fuero y esa intentona de desprestigiarlo, en lugar de en lugar de hacerlo vulnerable, lo catapultó a niveles muy altos de popularidad, al grado que estuvo a un “pelito de rana” de ganar la presidencia en ese entonces y está colocado en una posición inmejorable para alcanzar su tan anhelando sueño de ser presidente de México. Eso del fuero no es otra cosa que un privilegio del que disfrutan ciertos personajes de la vida pública para que puedan cumplir debidamente con sus funciones sin ser molestados por juicios del fuero común, y para que puedan externar con plena libertad sus opiniones y críticas al poder sin ser sancionados. Todo esto funcionaba más o menos bien hasta que en las últimas décadas, ante algunos señalamientos de abusos y pilleríasde algunos políticos que disfrutaban de ese privilegio, acabó por convertirse en algo incorrecto ante los ojos del pueblo y en un reclamo popular para su desaparición. El jueves de la semana pasada los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad la reforma constitucional que elimina la inmunidad; es decir, el fuero de los funcionarios públicos y políticos que lo venían disfrutando, desde presidentes municipales hasta el mismísimo Presidente de la República. Todavía falta que pase por la Cámara de Senadores y por la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados para que pueda aplicarse. Mediante esta reforma constitucional se podrá sancionar a todos los funcionarios públicos, legisladores y políticos que entren en funciones de aquí para adelante, para atrás es borrón y cuenta nueva, porque las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva. Tal parece que todos están de plácemes, al fin se está cumpliendo el viejo anhelo popular de despojar de todo privilegio a los personajes del poder sin que medien esos procedimientos políticos absurdos que sólo sirven para obstaculizar la imposición de sanciones a quienes merecen cárcel. En su afán de aparecer ante el pueblo como partidos que saben escuchar sus demandas; que son sensibles ante los viejos anhelos de la ciudadanía que se siente defraudada de tanto abuso de los políticos, están en camino de aprobar una reforma que podríaconsiderarse “precipitada, irresponsable y que puede conducir a la ingobernabilidad”, según la opinión del constitucionalista Diego Valadés,Académico Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónomade México UNAM. Dice el prestigiado académico que de aprobarse esta ley se pondría en riesgo la gobernabilidad del país y que el próximo presidente podría ser obstaculizado y asediado en la realización de sus funciones; que los diputados a los congresos de los estados estarían presionados por los gobernadores y que no obstante que existe consenso popular para la aprobación de esta reforma, de algún modo es una navaja de doble filo porquemediante la misma, un juez, para ganar fama, podría someter a proceso penal al Presidente de la República e imponerle medidas cautelares como la obligatoriedad de portar un brazalete electrónico o el arraigo domiciliario. Las opiniones de un jurista de la talla de Diego Valadés no deben ser desestimadas. No por la calidad académica o moral de quien las emite, sino porque en un sistema democrático moderno donde operan correctamente los pesos y contrapesos, no debe dotarse a un poder con facultades extraordinarias que puedan obstaculizar la buena marcha de las instituciones. Basta con ver los abusos que el poder judicial de Brasil está cometiendo en contra del expresidente y candidato a la presidenciaLuiz InácioLula da Silva y contra la exmandataria Dilma Rouseff para poner nuestras barbas a remojar y replantear cuidadosamente las formas y alcances que tendría esta reforma constitucional. Efectivamente, como lo exige el pueblo, el fuero no debe servir para crear cotos de impunidad; pero si se ha utilizado históricamente de manera incorrecta, cabría una reformulación para que siga sirviendo de protección y seguridad alos representantes del pueblo; para queéstos emitan libremente sus opiniones sin ningún tipo de presión, y para que el Presidente de la República pueda igualmente desempeñar sus funciones sin amenazas y presiones que, en muchos casos, pudieran tener un origen político. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
