Por Bernardo León El Código Penal de Michoacán contiene mas o menos 110 delitos, es decir, 110 conductas (con sus modalidades, atenuantes y agravantes, etc.) que la sociedad considera inaceptables y que por lo mismo le ha trasferido al gobierno el poder de castigar a quien cometa dichas conductas con penas que van desde algunos días de “trabajo en favor de la comunidad” hasta “cincuenta años de prisión” o mas dependiendo el número de delitos que se hayan cometido y la gravedad de los mismos. En el Código se tipifican conductas desde el homicidio, todo tipo de robos, ambos castigados con muchos años de prisión dependiendo las circunstancias y las intenciones de quien lo cometa, hasta delitos como la “Omisión de Auxilio” (no ayudar a una persona que necesita auxilio por estar en peligro pudiéndolo hacer) que tiene una pena de 10 a 60 días de trabajo en favor de la comunidad. La hipótesis mas elemental del derecho penal es que sí los ciudadanos no llevan a cabo ninguna de esas 110 conductas entonces la sociedad vivirá en paz y armonía y en todo caso que la amenaza de la pena, ya sea “trabajo en favor de la comunidad” o cincuenta años de prisión va a inhibir que los ciudadanos delincan. En este sentido, el trabajo del Sistema de Justicia Penal (SJP) es decir, policía, fiscalía, defensoría, tribunales y sistema penitenciario, se centra en prevenir la comisión de esas 110 conductas. Como ya hemos mencionado en este espacio, la última Encuesta Nacional de Victimización y Prevención del Delito (ENVIPE) que hace el INEGI todos los años, en Michoacán se cometieron 662,046 delitos, la mayoría fueron extorciones, robo en la calle o en transporte público, robo a casa habitación, fraude, amenazas y lesiones sin olvidar por supuesto, 2,400 homicidios dolosos, en suma, 19.7% de los hogares michoacanos tuvieron por lo menos una víctima de alguno de esos 110 delitos. Frente a estos datos, la Fiscalía General del Estado (FGE) nos informa que en 2020 se denunciaron solamente 45,888 delitos (6.9% del total de lo calculado por la ENVIPE) de los cuales solamente registró 29 extorciones, 13,940 robos, 1,975 fraudes, 4,087 amenazas y 7, 588 lesiones. La cuestión ahora es cómo el SJP procesó esos delitos, es decir, como se sancionaron y con que tipo de penas si es que las hubo. El Sistema Penal en México establece por lo menos cinco maneras de resolver un posible delito; a) A través de un “Acuerdo Reparatorio” (en delitos culposos, patrimoniales no violentos o de querella) ante el Ministerio Público sin que haya imputación contra el responsable; b) Un “Acuerdo Reparatorio” pero aprobado y supervisado por el Juez y después de la imputación el Ministerio Público; c) Una Suspensión Condicional del Proceso que orden y supervisa el Juez, condicionada al cumplimiento de la reparación del daño y de otras condiciones al imputado (como tratamiento de adicciones por ejemplo); d) Un proceso abreviado donde el imputado, antes del juicio reconoce su responsabilidad y el juez dicta sentencia considerando algunos beneficios para el imputado y c) El Juicio Oral y la correspondiente sentencia. Considerando estas opciones, la FGE en su informe 2020 nos señala que 6,503 asuntos se resolvieron a través de un “Acuerdo Reparatorio” ante la Fiscalía mientras que el Informe del Poder Judicial del Estado señala que en 2020 ingresaron 5,075 causas penales, se resolvieron 126 por “Acuerdo Reparatorio”, en 550 hubo una Suspensión Condicional del Proceso y 235 a través de un Proceso Abreviado. Además de 217 sentencias condenatorias, es decir, 7,631 resoluciones en total es decir 1.1% de los 662,046 delitos calculados en la ENVIPE y el 16% de los 45,888 que logró captar la FGE. Con base en esto la tasa de impunidad en el estado sería superior al 98.9% con respecto a la ENVIPE y de 84% con respecto a los datos de la Fiscalía. Ahora la pregunta es ¿si estas tasas de impunidad inhiben la comisión del delito?
La Voz de Michoacán
