Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante la “falta de justicia” y la inconformidad de las víctimas indirectas por las sentencias por feminicidio y delitos en agravio de la mujer, organizaciones de la sociedad civil presentarán este jueves una iniciativa ciudadana de carácter urgente para establecer prisión vitalicia a los agresores de mujeres. Tras señalar que el marco legal actual protege más a los victimarios que a las víctimas, grupos de activistas, familiares y amigos de Jessica González Villaseñor, joven profesora víctima de feminicidio, presentarán la propuesta ante los diputados locales con el exhorto a que sea trabajada lo antes posible. El objetivo es claro: buscan que se endurezcan las penas y se fortalezcan los criterios con los cuales los juzgadores sentencian a los agresores de mujeres en los diferentes fenómenos que año con año cobran la vida de cientos de mujeres. El Código Penal de Michoacán establece penas de hasta 50 años de prisión para los feminicidas, mientras que destacan que otros delitos alcanzan condenas de hasta 90 años de prisión y medidas cautelares más fuertes. Asimismo, denuncian que en los últimos años ningún feminicida ha alcanzado la pena máxima, a pesar de las pruebas presentadas tanto por los ministerios públicos como por las víctimas indirectas. Los colectivos convocaron para reunirse en el Congreso del Estado con sede en Morelia en punto de las 08:30 de la mañana para presentar a los legisladores la iniciativa que han trabajado en conjunto con activistas, especialistas y, sobre todo, familiares de mujeres que han perdido la vida por la violencia de género. En voz de Verónica Villaseñor, madre de Jessica González, su experiencia con el sistema judicial del estado le ha dejado ver una clara tendencia de inclinación a los derechos del victimario por encima de las víctimas indirectas. Y es que, luego de meses en espera de la etapa intermedia, la audiencia de este miércoles se interrumpió debido a los cambios generados en la defensa de Diego N., el imputado por feminicidio. El juez dio un plazo de diez días más para que la Fiscalía ponga al corriente a los nuevos defensores del joven de 19 años para que puedan estructurar una defensa acorde a los derechos humanos y legales. Será hasta el próximo 3 de diciembre en que volverá a retomarse la audiencia con la intención de arrancar con la etapa intermedia, proceso que se ha venido atrasando desde mayo de este año. Por lo anterior, la familia de la joven profesora anunció el inicio de una nueva jornada de lucha a través de la red legislativa que les ha dejado un mal sabor de boca a las familias de las víctimas de feminicidio en los últimos años. “Queda más que claro que sólo hay leyes para proteger sus derechos, para las víctimas no hay nada. Exactamente cae en este 25 y queda en claro que no tenemos ninguna protección o derecho, como ustedes están viendo. Nosotros, las víctimas, quedamos solas. Más de un año exigiendo la justicia y ni siquiera podemos acceder a ella, me dejan en claro que él sí tiene derechos y que los tenemos que respetar todos. Nos vamos a presentar este jueves en el Congreso del Estado para presentar una iniciativa de prisión vitalicia a los feminicidas y agresores de mujeres”, emplazó. La inconformidad por la falta de alcance de penas máximas se puso sobre la mesa desde la semana pasada, luego de que se dio a conocer la sentencia en contra del feminicida de Gabriela Pérez Ayala, joven mujer empresaria de 27 años de edad. Los colectivos lamentaron que en la mayoría de los casos no se alcanza la pena máxima por feminicidio, que es de apenas 50 años. Recordaron incluso casos en donde procesos abreviados han dejado penas de apenas 15 años en contra de feminicidas, tal como se dio en el año 2019 con el caso de Nilda Rosario. Asimismo, los colectivos advirtieron que hay otros delitos en contra de la vida en donde las penas alcanzan hasta 90 años, mientras que en el caso del feminicidio apenas se acerca a los 25 años en promedio. “Manifestamos públicamente nuestro repudio a la desproporcionada numeración de circunstancias agravantes requeridas para aplicar la pena máxima, así como que la pena máxima para el delito de feminicidio sea únicamente de 40 años, ya que, para que sea impuesta, deben actualizarse circunstancias totalmente degradantes para las mujeres, y alguna de las circunstancias calificativas contempladas en el artículo 135 del ordenamiento penal, entre las que se incluyen ventaja, traición, alevosía, retribución, saña o estado de alteración voluntaria”, manifestaron colectivos a través de un posicionamiento.
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