Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. De adorno están los organismos defensores de los derechos humanos e instituciones contra la discriminación en Michoacán. Ante los nulos resultados, víctimas de grupos vulnerables como la comunidad LGTB+, personas con discapacidad, portadores de VIH-SIDA y mujeres, siguen optando por no denunciar ante la falta de resultados. En general, las acciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se han reducido a recomendaciones no vinculantes que, por lo general, “no son escuchadas” por parte de las autoridades estatales y municipales en constantes agresiones, denuncian activistas. Asimismo, el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la Violencia (Coepredv), tardaría hasta dos años en resolver una querella por discriminación en contra de cualquier grupo poblacional, incluyendo mujeres y sus resultados hasta el momento son inexistentes. Ante este vacío de acción institucional efectiva, colectivos señalan que a pesar de los millones de pesos que se han invertido en capacitaciones, burocracia, publicidad y otros mecanismos de difusión e actividades de dichos organismos, los resultados son prácticamente imperceptibles. Solo durante las últimas semanas, la agrupación Michoacán es Diversidad ha atendido 14 casos de violencia discriminatoria, de los cuales en su mayoría las víctimas optaron por no denunciar ante la falta de posibilidades de acceder a la justicia. En voz de Raúl Martínez Rojas, director de dicha organización civil, la falta de resultados es preocupante desde hace años. “Una vez que tomaron el poder no veo ninguna política pública; esperamos que en el plan estatal de desarrollo se nos nombre, porque no basta con hacer cambio de funcionarios, tiene que ver con que sensibilizamos los temas de discriminación para atenderlos”, dijo. “Hoy me están acosando en la escuela, no podemos esperar 2 años a que me resuelvan porque ya habrá pasado mucho tiempo”, ejemplificó Raúl Martínez. Activistas de Michoacán destacaron que en los últimos meses únicamente se contabilizaron 5 crímenes de odio en contra de la población LGBT+ en el estado, pero lo anterior no coincide con la situación de violencia a la que se enfrentan todos los días en los espacios públicos y privados. Preocupa, refieren, la ausencia de registros de agresiones, lesiones y homicidios en contra este sector de la población que a pesar de los esfuerzos sigue siendo víctima del abandono institucional. Los datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como de organismos de seguridad pública no cuentan con rubros especializados de datos referentes agresiones u homicidios contra este grupo poblacional. Con base a lo anterior, colectivos exhortaron a que se modifiquen y actualicen los artículos necesarios en el Código Penal de Michoacán y el federal para que se incluyan protocolos de investigación para los delitos de odio. Hasta este 2021 únicamente Jalisco cuenta con un código penal que incluye este tipo de investigaciones. Violencia política, otra de las constantes En voz de los activistas, las manifestaciones de violencia política y discriminación en los discursos de funcionarios públicos también persiste, a pesar de que existen organismos descentralizados para combatir la discriminación. Urgieron a que se modifiquen las propias legislaciones que garanticen que se atiendan la violencia que se generan todos los días. En la actualidad, Michoacán se encuentra posicionado en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto al número de agresiones de odio y homicidios en contra de la población diversa sexual que, si bien no se encuentra entre los primeros 5, si se destaca que las condiciones de violencia se mantienen pese a las estrategias de concientización. En la entidad, los varones de 20 a 35 años son los que sufren más discriminación, así como las mujeres transexuales de 25 a 40 años de edad. “Se ha normalizado la violencia de derechos humanos, la gente ya no habla sobre este tema. Ahorita estamos acompañado un caso de violencia y discriminación vecinal, en una pareja de lesbianas donde un vecino les amenazó con que les va a quitar lo lesbianas. La autoridad les pide que les presenten pruebas, son autoridades de escritorio y hacen su parte: es pérdida de tiempo. Esta es una constante, ahorita en estas 2 últimas semanas acompañamos 12 casos, la mayoría no quieren presentar denuncias”, explicó el activista. Luis Antonio Cortés, representante del colectivo Diversidad Incluyente Inclumich, destacó los obstáculos a los que se enfrenta la población LGTB+, con VIH y otros grupos vulnerables respecto a la falta de condiciones para denunciar. Aseguró que la única vía para atender dicha problemática es la Fiscalía General de Michoacán. “Una sola denuncia atendida por Coepredv no ha llegado a fallo. Ni una sola en los 6 años que tienen, no hay un solo fallo en conclusión. Es un organismo blanco. Es una reacción en cadena que viene de la ignorancia de muchos funcionarios públicos y de la sociedad civil”, expuso. “Tenemos que acercar y capacitar. A la ciudadanía víctima de discriminación yo les diría que no vayan a Coepredv ni a la CEDH, que vayan directo a la Fiscalía para presentar una denuncia penal”, explicó ante la opinión pública.
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