Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- El auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, se quejó que está siendo golpeado para que no combata la corrupción. Al encarar los amagos de juicio político en su contra, advirtió a sus detractores que se defenderá hasta las últimas consecuencias, yendo incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. El fiscalizador del Congreso apeló a los diputados para que no prospere la propuesta del Ejecutivo que busca desaparecer la Auditoría Superior como Unidad Programática Presupuestal. Al refutar acusaciones de personajes de la 4T por presunta falta de resultados, Aguirre informó que la Auditoría tiene 400 casos graves bajo investigación, y aclaró que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Fiscalía anticorrupción son los encargados de sancionar a partir de las pruebas que obren en los expedientes. Informó que el TJA acaba de sancionar a ediles investigados por la ASM por 5 casos de peculado que involucran cuantías de 15 a 20 millones de pesos, pero se abstuvo de revelar sus nombres porque los ediles impugnaron a través del amparo en revisión. Sobre los emblemáticos casos de corrupción del Teatro Matamoros y la Presa Francisco J. Múgica, el auditor superior recordó que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en febrero del 2020 porque no encontró actuaciones de la Auditoría a su llegada, es decir, sus antecesores incurrieron en omisiones. Aguirre reconoció que ningún funcionario investigado por la Auditoría Superior de Michoacán ha pisado la cárcel hasta el momento, a diferencia de estados como Sonora, Coahuila o Guanajuato, en donde hay exservidores públicos inhabilitados, obligados a reintegrar dinero y detrás de las rejas. Justificó que antes de su llegada, la Auditoría era un organismo obeso, que existía para acomodar recomendados, “con mucho general y poca tropa”. A partir de su gestión despidió a 35 trabajadores por carecer de perfil para fiscalizar los recursos públicos. Puntualizó que la ASM tiene 130 auditores en la actualidad y requiere que lleguen a 160. “Me quieren quitar mi UPP (Unidad Programática Presupuestal)”, deploró Aguirre, quien reclamó: “Si me están golpeando es porque no quieren que combata la corrupción como dicen”. El también exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas aceptó que su firma aparece en el contrato de adquisición de un software, previa licitación pública, durante la gestión de Silvano Aureoles y que según el gobernador Ramírez Bedolla se utilizó en una red de espionaje. “Nunca supe para qué se usó esa tecnología. No era mi competencia. Yo solo hice el trámite de pago” a Integra Software, Seguridad Privada e Inteligencia Cibernética S.A de C.V. Aguirre reprochó: “No pueden difamar. Es muy fácil acusar de corrupción y no aportar pruebas”. Y advirtió que la corrupción no se combate con miedo, con dichos o con arreglos extralegales. A pregunta expresa, el auditor superior del Estado confirmó que está rastreando 500 cheques emitidos en el año 2018 por la Secretaría de Finanzas del Congreso local que terminaron endosados y cobrados por dos personas. Según el diputado petista Baltazar Gaona, durante la transición de la 73 a la 74 legislatura hubo un desfalco por más de 260 millones de pesos. “¿Quién firmó atrás de cada cheque? Esa es una línea de investigación. ¿Quién lo cobró? Esa es otra línea de investigación”. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya proporcionó los nombres de dos cobradores. Sin embargo, “yo voy a ser muy cuidadoso del debido proceso. Yo no puedo acusar a nadie sin pruebas sólidas”. Aclaró que el cohecho y el peculado son delitos diferentes.
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