Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Los partidos de oposición de la Cámara de Diputados de México presentaron este martes una "acción de inconstitucionalidad" al presupuesto para 2022 al considerar que no es progresiva. Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (del Partido Acción Nacional, PAN), Rubén Moreira Valdez (Partido Revolucionario Institucional, PRI) y Luis Espinosa Cházaro (Partido de la Revolución Democrática, PRD) presentaron una acción frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. A su juicio, "transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011", expresaron en un comunicado. Detallaron que este principio tiene como finalidad "que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos". Los parlamentarios señalaron que es la primera vez que los tres partidos presentan una acción de este tipo después de las modificaciones constitucionales de 2011. "El presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas", concretaron. Añadieron, además, que estos programas son los que permiten avanzar en materias como educación, salud, fortalecimiento del federalismo y protección a mujeres. En concreto, señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Los diputados explicaron que "las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad". "Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características", añadieron. En ambos casos, aseguraron, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está "siendo violatorio". "Este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato", terminaron. La consulta de revocación en la que se decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo ha sido tema de controversia en los últimos meses, pues el INE argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para realizarla. La Suprema Corte ordenó el pasado jueves al INE retomar los preparativos de la consulta, prevista para abril del próximo año, después de que el organismo hubiera suspendido algunos procedimientos.
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