Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La reforma para regular el outsourcing o subcontratación laboral frenó la evasión fiscal de 500 mil millones de pesos al año a través de empresas fantasma, facturas falsas y simulación laboral, además de evitar abusos contra los trabajadores. Así lo afirmó Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, al detallar que tan solo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) espera recibir 50 mil millones de pesos adicionales al año, lo que sería muy importante y más en esta época de pandemia. El senador de Morena calificó por ello la reforma como uno de los logros legislativos más importantes de los últimos tres años. “Ahora se requiere que la autoridad laboral vigile que se cumplan las nuevas disposiciones, que las empresas registren a sus trabajadores y paguen los impuestos correspondientes, porque esto representa un paso muy importante en materia laboral”, puntualizó. Gómez Urrutia dijo que la supervisión, vigilancia y seguimiento serán fundamentales para que la ley se aplique correctamente y así regrese la justicia, respeto y dignidad para la clase trabajadora de México. El morenista detalló que con el abuso del outsourcing durante muchos años se explotó a los empleados, quienes no eran registrados a nombre de la empresa principal, sino a través de terceros o de compañías fachada. Dicha práctica permitía violentar los derechos de los trabajadores, pues no les pagaban aguinaldo ni utilidades, no podían acumular tiempo para su jubilación e, incluso, los despedían en diciembre y los volvían a contratar en enero para que no acumularan antigüedad. El legislador recordó que la reforma prohíbe la subcontratación de personal, entendida como cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La nueva legislación sólo permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, siempre y cuando el contratista esté registrado en el padrón público para ese efecto.
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