Jaime Darío Oseguera Méndez No cabe duda que el país se ha transformado profundamente en pocos años. Más allá del pretendido cambio de régimen cuando se dio la alternancia en el 2000,a la llegada de Vicente Fox con la primera derrota del PRI en la época moderna, teneos nuevas instituciones con diferentes preocupaciones. La vieja escuela de la división de tres poderes y tres niveles de gobierno en la que nos formamos doctrinariamente el siglo pasado, ha venido asumiendo nuevas formas y, aunque constitucionalmente seguimos siendo una República Federal, no sabemos que va a pasar con un modelo híbrido que no termina de construirse. Es el ejemplo de los organismos autónomos, que sin ser del ejecutivo o legislativo, son reconocidos constitucionalmente como entidades integrantes del estado mexicano. Así está el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, señaladamente el Banco de México. Son en los hechos el cuarto elemento en la división de poderes. Los tres tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, en la teoría jugaban contrapesos entre si y, en el texto constitucional tenían funciones que evitaban que cualquiera cayera en los excesos. En el viejo régimen no sucedió así y el ejecutivo avasalló a los otros dos convirtiéndose en el centro, el pivote del funcionamiento del sistema en su conjunto. De ahí viene la desconfianza y hartazgo que derivó en el nacimiento de los órganos autónomos, que deberían ser independientes de los otros tres y, como consecuencia, regularlos. Lo mismo está pasando con los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Particularmente la insatisfacción y falta de resultados ha afectado el funcionamiento de los gobiernos municipales. Nunca se les dio la mayoría de edad en materia financiera y siguen siendo entidades dependientes de los otros niveles de gobierno. Esa insatisfacción es la que en el fondo alimenta la creación de un cuarto nivel: el de los gobiernos autónomos indígenas. Nadie cuestiona la existencia de una causa indigenista real, arraigada en el México profundo, sin embargo, el tema de los autogobiernos plantea desafíos prácticos a los que debemos referirnos para evitar que se conviertan en un mecanismo de forcejeo que margine, en lugar de provocar el mayor desarrollo de las comunidades. Ese es el riesgo, que la disputa por los recursos polarice aún más algunas comunidades con diferencias históricas por los recursos, sean forestales, de linderos, familiares o estrictamente personales. La polarización y como consecuencia la confrontación, son riesgos que se deben medir más allá de las causas antropológicas o ideológicas válidas. Que las comunidades indígenas del país sufren históricamente un rezago inaceptable, es absolutamente evidente, pero los problemas hay que resolverlos a partir de las causas no de las consecuencias. Es muy revelador el reportaje publicado esta semana en La Voz de Michoacán, donde se vuelven evidentes los asuntos a considerar si queremos que este diseño de autonomía indígena se convierta en un verdadero modelo de gobierno. Por supuesto que es urgente y necesaria la claridad en el manejo de los recursos; no solamente en ese tipo de administraciónporque sean indígenas, sino en todos los niveles de gobierno, que en realidad ha sido el problema de este país. La fiscalización es ficticia, por lo que podríamos esperar que esos recursos destinados al autogobierno, vayan directamente a la burocracia que se va a crear para manejarlos. Hay que tener cuidado que no se vuelva simplemente un mecanismo para dar empleo a más activistas políticos en detrimento de obras y servicios municipales. Es muy probable que se puedan pulverizar, balcanizar las divisiones territoriales, abriendo una disputa adicional entre las comunidades. Hay al menos 129 Tenencias que pueden ir al autogobierno. En la realidad política, serán el preludio para solicitar la creación de nuevos municipios. No será raro esperar que en unos cuantos años, tendremos el doble de los ayuntamientos actuales. Seria un grave error. Será un buen pretexto en las administraciones municipales para evitar hacer obras en esas comunidades que reciban sus propios recursos. Muy probablemente se van a desentender de los servicios básicos que hoy de por si son escasos. De esas 129 Tenencias que están en la posibilidad de ir al autogobierno, seguramente surgirán cientos más. Es claro que todos podemos apelar a un pasado común a partir de nuestro origen en los pueblos originarios pero la definición tiende a ser arbitraria. ¿Qué porcentaje de la población debe ser indígena, con tales o cuales características? ¿Deben hablar alguna lengua en particular? ¿Cuentan los mestizos? Para evitar la malinterpretación reitero: la deuda histórica con las comunidades originarias en el país debe resolverse con más desarrollo. Hay que cuidar también que los modelos de autonomía en el gobierno y las decisiones cotidianas no deriven en usos y costumbres muy arraigados que van contra nuestro sistema de garantías y derechos humanos. En Guerrero algunas comunidades siguen vendiendo a las niñas para matrimonio como parte de sus usos y costumbres. En Chiapas las autoridades de algunos pueblos no permiten el voto universal, particularmente impiden la participación de las mujeres. Hablando con un especialista en el tema, tengo mis dudas, política y jurídicamente sobre el procedimiento que se está siguiendo para que las comunidades decidan “si quieren o no ir al autogobierno”. ¿En realidad saben de que se trata? ¿Se puede decidir una cuestión de esta naturaleza a mano alzada? No es este un debate entre la modernidad y la tradición. Al menos no parece haber tanta información y profundidad en las discusiones. Es sobre el futuro inmediato de Michoacán, que no tiene recursos, está cada vez más polarizado, es difícil resolver los problemas financieros, políticos, administrativos y parece innecesario levantar otro frente de batalla.
La Voz de Michoacán
