Horacio Erik Avilés Martínez Al culminarse la tercera semana de enero, es un hecho que aún no se ha logrado en su totalidad el retorno a clases en la entidad. La situación epidemiológica que guarda Michoacán no es satisfactoria, por lo cual, la voluntariedad del regreso a clases presenciales reside exclusivamente en manos de los padres de familia y los estudiantes. Por otra parte, los maestros, si bien tienen vacuna y refuerzo y están laboralmente obligados a presentarse a trabajar, también están tomando decisiones respecto al regreso o no, juntamente con el personal directivo, en donde comparten el riesgo de una posible sanción, para lo cual levantan actas circunstanciadas y minutas que atestiguan los consensos. Se sabe que hay acuerdos en muchas escuelas respecto a retornar a lo virtual temporalmente. Si bien no es lo estipulado en la normativa, ni en decretos ni circulares, es comprensible que los trabajadores de la educación, ante el riesgo que entraña la pandemia busquen salvaguardar su salud, la de sus familias y la de los estudiantes. Como prueba de ello, realizar un recorrido rápido en cualquier municipio nos permite encontrar fácilmente varios planteles que aún se encuentran cerrados, aunque no estén debidamente reportados como tales. La virulencia de la variante Ómicron del COVID-19 no necesita mayor explicación. Los propios padres de familia y estudiantes tampoco están exigiendo fuertemente la reapertura escolar ante la situación de los contagios que han arrojado picos históricos por la cantidad en la cual se suscitan diariamente. Es decir, ante la amenaza biológica, extraoficialmente están prevaleciendo la prudencia y la mesura, lo cual está teniendo un alto costo, porque menoscaban el ejercicio del derecho a aprender de los estudiantes. Por ello, hemos señalado reiteradamente la enorme importancia del diálogo y de la participación social en la educación, con la finalidad de que, bajo un esquema de gobernanza se calculen los riesgos y las urgencias a escala comunitaria, tomándose así decisiones legítimas entre todos los actores intervinientes. Más allá de la coyuntura que se ha vivido durante este mes, si se respetan estrictamente las medidas sanitarias es un hecho que esta situación pasará y se podrá reabrir la totalidad de los planteles escolares. Paralelamente, las autoridades deben garantizar que el regreso sea voluntario, progresivo y con la puesta en práctica de todas las medidas sanitarias requeridas, proveyendo de recursos materiales, de protocolos, supervisión y de todos los consumibles necesarios para minimizar el riesgo de la reapertura presencial en los planteles escolares michoacanos. Lo que sí resulta inaceptable es volver a atestiguar el oportunismo de diversos grupos fácticos al interior del magisterio michoacano, los cuales rápidamente buscaron aprovechar las contradicciones existentes, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los manuales de León Trotsky, magnificando las controversias con la autoridad para capitalizar políticamente las inconformidades y las eventuales acciones de movilización que resulten, para mantener un estado de revolución permanente, en la espiral que conforman la movilización, la negociación y el repliegue. Es importante precisar que, si bien habrá escuelas que no se abran, lo que en realidad están buscando las cúpulas gremiales es arroparse de fenómenos como el retorno voluntario, la cuarta ola por COVID-19 y el horario de invierno para generar un clima de ingobernabilidad y, también, de apropiarse de todas las incidencias o ausencias, para hacerlas pasar como si fueran parte de su músculo político. En este caso, ante el agotamiento de las causas legítimas para protestar han emitido una serie de comunicados intentando exacerbar el malestar docente y aprovecharlo en favor propio, infundiendo miedo, confusión y desconfianza hacia la parte patronal, haciendo dudar hasta de la calidad de las vacunas que se aplicarían. Afortunadamente, no tuvieron éxito en esa infame labor que se propusieron, porque la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación acudieron en tiempo y forma a recibir la vacunación correspondiente. Si bien, la autoridad ha respondido ante los pronunciamientos que llaman a un boicot generalizado al retorno a la presencialidad escolar, mediante el recordatorio de la existencia de sanciones en la normatividad, para todos aquellos trabajadores que se ausenten de su centro de trabajo, también es cierto que resultaría muy difícil de cumplir una acción de esta envergadura, por lo cual esta clase de llamados de la autoridad más bien buscan desactivar las intenciones anárquicas de quienes desean atribuirse como un logro el cierre de cada una de las escuelas que así lo hayan hecho. Es importante comprender cuáles son los intereses en disputa y los retornos monetarios que buscan obtener los grupos fácticos a partir de sembrar caos, desorganización y vacío de autoridad. Al conocer cuáles son los efectos que buscan provocar con sus pronunciamientos y cuáles son los recursos que buscan obtener resulta mucho más fácil no caer en sus gambitos. Hay libertad de expresión, ciertamente. Pero intentan a toda costa confundir a la opinión pública e incluso, al pedir la remoción de funcionarios que no consideran a modo están desafiando el ejercicio de las atribuciones de ley correspondientes al Gobernador del Estado, las cuales le permiten nombrar y remover libremente al personal de estructura. De ese tamaño es la ambición que está debajo de la extralimitación de estos grupos, que buscan controlar procesos, niveles educativos y recursos financieros a la vez. Por otra parte, si bien, en esta semana que concluye resulta difícil hablar de presencialidad universal, también es cierto que el impacto de la pandemia a últimas fechas ha sido sensiblemente menor que antes en materia de casos graves de COVID-19 o incluso, de fallecimientos. Por ello, para seguir avanzando en esta lucha es tiempo de ir preparando una acción de alto impacto: la vacunación a los estudiantes de educación básica, a partir de los cinco años. Existe evidencia de que efectivamente protege a los menores en caso de contraer COVID-19 en sus diversas variantes de la amenaza de padecer un cuadro grave, de requerir hospitalización o incluso, de fallecer. Si se logra implementar que Michoacán sea un estado pionero al respecto de la vacunación podremos aprovechar tal condición para alcanzar otros niveles en muchos otros indicadores que impactan en el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en la entidad. Esperemos pronto salir de esta situación y poder garantizar de mejor manera el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Las medidas de política pública las debe de instrumentar el gobierno y la disciplina para contener y acotar la pandemia es tarea conjunta. Hagamos el esfuerzo por cuidar lo esencial, que es nuestra salud y la de nuestras familias, mientras que lo no esencial deberá esperar para mejores momentos. Priorizar la educación de las generaciones jóvenes es un principio ordenador para las actividades públicas y privadas de los michoacanos, ya es tiempo de tomarla en cuenta seriamente. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
