José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. Dos mujeres que solicitaban apoyo para dar sepultura al padre de una de ellas fueron desalojadas la tarde-noche de este martes cuando ingresaron a Palacio Municipal a pedir apoyo al Cabildo mientras se desarrollaba una mesa de trabajo preparatoria a la presentación del nuevo reglamento de vialidad de este municipio. De acuerdo con Gloria Becerra Reyes, activista y comunicadora de esta región, recibió la solicitud de una joven para recaudar fondos para sufragar los gastos funerarios de su padre recién fallecido. En la búsqueda de este apoyo, ambas mujeres acudieron a Palacio Municipal, donde recibieron el apoyo de algunos integrantes del cuerpo edilicio, “pero el licenciado, supuesto titular o auxiliar del Jurídico, no sé qué cargo tenga, mandó a Seguridad Pública para que nos sacaran, pero los policías se apenaron cuando vieron que era yo, pero él fue (Flavio Cáceres) quien nos mandó la Policía, no sé por qué motivo o por qué habrá hecho él eso, a él no le pedimos ni un peso y a los regidores ni los molestamos para nada, ellos nos dieron su apoyo y nos salimos de inmediato. Quiero hacer público esto porque no podemos seguir teniendo estos atropellos, el Ayuntamiento es de todos, no de este sujeto, y podemos entrar y salir cuando queramos”. La declaración vertida por la comunicadora mediante un video en sus redes sociales despertó la molestia de los internautas, quienes demandaron del edil Elías Barajas una respuesta a la actitud del funcionario que, de acuerdo con la nómina oficial del municipio de Jiquilpan, se desempeña como auxiliar jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento; al reclamo se sumaron comunicadores de esta región. No es la primera vez ni es el único De manera recurrente, el funcionario local ha amagado a comunicadores de esta ciudad con hacer uso de la fuerza pública para desalojarlos de las instalaciones de la sede de los poderes locales, principalmente en el transcurso de las sesiones de Cabildo, en las que constantemente hostiga a los comunicadores que cubren la fuente y en las que ha protagonizado ya encuentros verbales con los representantes de los medios de comunicación. De hecho, las agresiones vía redes sociales contra comunicadores son parte de las actividades rutinarias de funcionarios de segundo y tercer nivel en la actual administración, lo que ha generado ya procesos legales ante la Fiscalía Regional Jiquilpan y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos contra la Libertad de Expresión que aún se encuentran e n proceso. En ese sentido, Gloria Becerra, expresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación de la Ciénega de Chapala, llamó a que las autoridades locales pongan un freno al hostigamiento por parte de funcionarios municipales contra quienes ejercen el oficio de comunicar, debido a la existencia en esta entidad de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo publicada en la décima sección al número 54 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el martes 14 de agosto de 2018, y que tiene por objeto establecer la cooperación entre el estado y sus municipios y operar las medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y el periodismo. “Esta ley crea el Sistema Estatal, para realizar las tareas de reacción rápida en casos de urgencia el cual opera en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”. De acuerdo con el artículo 21 del citado instrumento legal, “las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de: I. Persona Defensora de Derechos Humanos o Periodista”. En tanto que el artículo 34 de esta ley destaca que “el estado y sus municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar medidas de prevención”. En ese tenor, la comunicadora y activista social señaló la necesidad de que las autoridades locales aperciban a sus funcionarios en el sentido de no violentar las actividades que realizan los comunicadores o los activistas sociales en tanto éstas se apeguen al marco legal vigente.
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