Bernardo León ¿Qué debemos pensar los michoacanos cuando vemos acontecimientos como los de San José de Gracia, Aguililla, San Juan Nuevo Parangaricutiro o tantos otros que han pasado en los últimos años? ¿Qué debemos pensar respecto de la enorme cantidad de delitos que se cometen todos los días? ¿Cuál es realmente la situación de la seguridad en Michoacán? Pero sobre todo ¿Qué están haciendo los gobiernos estatal y municipales para reducir y controlar el problema? ¿Es eficaz lo que están haciendo? ¿Hay algún plazo para controlar el problema? En Michoacán desde 2011 hasta 2021, entre el 70 y el 80 por ciento de la población considera que el vivir en este estado es inseguro y esa cifra no ha disminuido, sino que ha crecido. Si en 2010 el INEGI calculó que se cometieron 441,190 delitos en Michoacán para 2020 (último dato disponible) la cifra alcanzo 712 mil 787. En 2010 se cometieron 723 homicidios y en 2020, 2 mil 400 (falta consolidar la cifra de 2021). En cuanto a las organizaciones criminales, el gobernador Ramírez Bedolla ha señalado que hay unas 12 organizaciones criminales en el estado que cometen delitos que van desde el tráfico de drogas, el homicidio, hasta el llamado “cobro de piso”. Sin embargo, lo más preocupante es cómo estas organizaciones asumen funciones que deberían corresponder al gobierno. Además de “cobrar piso o protección” estas organizaciones sustituyen a los jueces porque son más eficaces para “solucionar” disputas como cobro de deudas, disputas mercantiles o familiares, por ejemplo, sin el engorroso proceso civil, mercantil o familiar. En las notas periodísticas de los últimos días que narran los tristes eventos de San José de Gracia, Aguililla o San Juan Nuevo Parangaricutiro se consigna el evento criminal e inmediatamente se señala que el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal se movilizaron al conocer los hechos, aseguraron el lugar de los hechos y detuvieron (no siempre) a presuntos responsables en flagrancia. La actuación de las autoridades de justicia penal siempre es reactiva y marginal frente a hechos consumados. Eso no es nada nuevo, esta estrategia reactiva es la que más o menos han hecho todos los gobiernos desde hace muchos años y a la luz de los datos no parece ser muy eficaz. Una tenue luz de esperanza está en Fiscalía General del Estado porque al menos está empezando a medir con indicadores más rigurosos sus resultados y por tanto enfocando sus esfuerzos de una manera más eficaz, aunque todavía marginal. Es marginal porque de los 712 mil 787 delitos cometidos resolvió por acuerdos reparatorios 6 mil 863 en sede ministerial, abrió 46 mil carpetas de investigación de las cuales se judicializaron 5 mil 781. De los asuntos que llegaron al juez, obtuvo en total 325 sentencias condenatorias y 271 procesos abreviados, es decir, del 100 por ciento de delitos resolvió por acuerdo reparatorio o sentencia, el 1.04 por ciento de los delitos, dicho de otra manera, hubo una tasa de impunidad del 98.96 por ciento. Sigue siendo una tasa muy alta y un incentivo muy grande para que los delincuentes sigan delinquiendo. Otra tenue luz de esperanza está en el Fortapaz, este fondo de 821 millones de pesos que ha creado el Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad pública en los municipios. Su éxito dependerá de que haya metas de reducción de delitos específicas y de mejora en la percepción de seguridad para realmente evaluar su eficacia, de otra manera será nuevamente un gasto sin estrategia. Si los municipios con el apoyo del Fortapaz asumen con seriedad la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2019), tendrían una ruta clara para recuperar la gobernabilidad y la seguridad en los municipios y por tanto en el estado. Pasar de la estrategia reactiva a una proactiva podría ser en un plazo no tan largo la única oportunidad de recuperar de manera permanente la seguridad en el estado. @bernardomariale
La Voz de Michoacán
