José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Sahuayo, Michoacán. Datos arrojados por el estudio realizado por el Proyecto IREKANI establecen que la Cuenca Lerma-Santiago es deficitaria, ya que consume más agua de la que es capaz de captar, además de que al menos el 95 por ciento de los cuerpos de agua superficial reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento ni de los municipios ni de las empresas que utilizan el líquido. En ese esquema, el estudio realizado en esta región establece que la mala calidad del agua, con altísima presencia de coliformes, ha incentivado el aprovechamiento de agua subterránea sin ningún plan ni regulación, y actualmente el 75 por ciento del suelo agrícola en Michoacán se encuentra fuertemente degradado. “La actividad económica predominante en la Región Hidrológico-Administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico es la agricultura, la cual emplea el 82 por ciento de los 15 mil 012 hectómetros cúbicos concesionados en su mayoría a 15 distritos de riego que, para el ciclo 2012-2013, cosecharon en 386 mil 515 hectáreas, una producción del orden de 7 millones 166 mil 858 toneladas de granos, frutas y hortalizas, con un valor superior a 14 mil millones de pesos. Sin embargo, esta rica y basta producción contrasta con el pobre desempeño de los indicadores que dan cuenta del grado de conservación de sus recursos naturales y de los niveles de bienestar de sus habitantes”, señala el estudio. Los riesgos en la salud De acuerdo con Ema Iglesias, integrante de este proyecto, en México se comercializan y utilizan sustancias que por su peligrosidad han sido prohibidas en otros países. “El número de casos de insuficiencia renal crónica ha crecido a razón del 600 por ciento en municipios como Los Reyes, Sahuayo, Venustiano Carranza. Se reporta también alta incidencia de leucemia en menores de edad en la zona de Pátzcuaro y Zirahuén, lo mismo trastornos hepáticos vinculados a la proliferación de las algas del género Microcystis”. Destacó que no existe en el estado de Michoacán personal ni infraestructura médica especializada en el sistema de salud pública para la atención toxicológica, ya que en Michoacán hay solamente tres toxicólogos en la práctica privada. “A estos problemas se suman diversas lagunas de información que al momento impiden dimensionar el problema y focalizar acciones de control o mitigación del riesgo, ya que en el estado de Michoacán no existen esquemas regionales de monitoreo permanente de fuentes contaminantes fijas, sistemas integrales de monitoreo de la salud de los ecosistemas, sistemas de vigilancia epidemiológica para identificar casos de intoxicación crónica o suficientes plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas”. Se carece también, dijo, de un inventario de las sustancias utilizadas en la agricultura e industria o información sobre dónde y qué cantidades se utilizan, así como un padrón actualizado de comercializadoras de agroquímicos y sustancias, además de procedimientos estandarizados para verificar que los productos agrícolas comercializados en México no rebasen los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas y otros contaminantes. Además se carece de suficientes centros de acopio y disposición de residuos plásticos peligrosos y un censo de pozos, hoyas y tomas de agua, ni tampoco registro público de la cantidad real de hectáreas cultivadas como resultado de cambio de uso de suelo. “Desafortunadamente, el interés económico supera el interés por la salud pública, la equidad, la paz y la conservación de los ecosistemas. De aquí surge la urgente necesidad de generar información y promover la participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones de política pública. El proyecto ‘IREKANI: Paisajes lacustres y salud en Michoacán’, es una experiencia de ciencia ciudadana en la que un grupo de 26 voluntarios, jóvenes universitarios recién egresados o por egresar, fueron capacitados en los temas inherentes a la problemática y realizaron de noviembre del 2021 a enero de 2022, 520 entrevistas a agricultores, en 40 comunidades pertenecientes a 10 municipios, localizados en dos regiones lacustres: Ciénega de Chapala y Pátzcuaro-Zirahuén”. Este trabajo, dijo, guardó la intención de recuperar información sobre la percepción de los habitantes de comunidades rurales respecto al estado de conservación de la biodiversidad, calidad y disponibilidad del agua, problemas de salud de la comunidad y nivel de percepción del riesgo asociado a las prácticas agrícolas dependientes de agrotóxicos. En ese tenor se hubieron de seleccionar indicadores que dieran cuenta del estado actual del sistema socioambiental, y analizar las correlaciones que estos guardan entre sí y evaluar el nivel de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades en distintos escenarios ambientales, esto con la intención de construir escenarios prospectivos aplicados a la planificación estratégica territorial y diseñar estrategias y articular acciones que faciliten la gestión comunitaria del riesgo.
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