Bernardo León Mientras escribo estas líneas los diputados federales discuten la reforma eléctrica que propuso el presidente, así que a esta hora es imposible saber el resultado de la votación, aunque al parecer (ojalá) será rechazada. La cuestión de fondo es la “inversión” es decir el dinero que se requiere para modernizar y ampliar la capacidad de producción de energía eléctrica y de hacerlo con base en energías limpias como las que aprovechan la energía solar o el viento. Y la pregunta sin duda será ¿Quién puede aportar ese dinero? Y ¿Quién va a pagar la factura de las industrias eléctricas que ya están operando en México? Y ¿Qué inversionista privado querrá invertir en México en el futuro sin la seguridad de sus inversiones? Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda de México durante la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en su libro “El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época” (FCE:1998) explica que el crecimiento económico de México implicaba una demanda adicional de electricidad de 10 por ciento anual (México tenía 37 millones de habitantes) y que desde el inicio la electricidad en México la proveían dos grandes empresas extranjeras, la Mexican Light and Power (luego compañía de Luz Y fuerza) en el centro del país y la American Foreign Power (Impulsora de Empresas Eléctricas) en el norte del país y varias empresas mexicanas no tan grandes abastecían otras ciudades del país. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (sobre todo después de la expropiación petrolera) el gobierno negó un aumento de tarifas y según Ortiz Mena “Con las bajas tarifas se redujo notablemente la rentabilidad de las empresas eléctricas” por ello, las empresas privadas (nacionales y extranjeras) entre 1945 y 1960 redujeron sus inversiones en electricidad “a causa de las bajas tarifas y de la incertidumbre prevaleciente en cuanto al marco regulatorio”. Sin embargo, hasta 1960 el incremento en la inversión (que logró aumentar de 700 mil a 3 millones de kilovatios la generación de electricidad) fue compartida por mitades entre la CFE y las empresas privadas. La forma de llevarla a cabo fue a través de la compra de acciones de las empresas privadas (fundamentalmente las extranjeras) a través de créditos a una tasa del interés del 6.5 por ciento y pagaderos a 15 años, en total la nacionalización costó 650 millones de pesos de esa época cuando el dólar estaba a 12.50 (0.0125 centavos de hoy). Para 1962 Ortiz Mena obtuvo un crédito de 130 millones de dólares para apoyar a la CFE y sus inversiones en la industria eléctrica y en 1963 estableció que la emisión internacional de bonos del gobierno mexicano sería para “la inversión en el sector eléctrico”. Por su parte, en su libro “La Política Económica de México 1970-1976” (Siglo XXI:1993) Carlos Tello Macías (funcionario de Hacienda en esa época) criticaba los resultados del “desarrollo estabilizador” porque a pesar del “crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y estabilidad política…” había una creciente concentración de la riqueza, graves rezagos en los servicios sociales, desempleo y una limitada inversión pública. Paradójicamente, la respuesta de esos años fue aumentar el tamaño del gobierno y el número de empresas y entidades gubernamentales y el déficit fiscal. Al día de hoy, la deuda del gobierno mexicano asciende a 10 billones 395 mil 86.6 millones de pesos (40 por ciento del PIB), 4.9 por ciento más que en 2020 y 11.4 por ciento que en 2019. La recaudación está presupuestada en 7 billones de pesos que provienen fundamentalmente del Impuesto sobre la renta, el IVA, otros impuestos al consumo (como la gasolina) y las contribuciones a la seguridad social. Ó sea de los impuestos que todos pagamos (no solo los que hacen su declaración), dicho de otra manera, la factura la pagamos y la hemos pagado nosotros. ¿No sería mejor gastar nuestro dinero en seguridad, justicia, educación, salud, etc., que en las ineficientes y caras empresas del gobierno? @bernardomariale
La Voz de Michoacán
