El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México.- Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel internacional, pero sobre todo regional por la magnitud de las cifras. Odebrecht asegura estar “colaborando con la justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya ha reconocido sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, EUA, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas”. Pero no es tan sencillo. “El caso de Odebrecht ha probado que había un esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha de aceite en todo el continente y en dos países de África. Lo que se ha demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para investigar, poca armonización de la legislación entre los países. Si esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucho más veloz”, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. También hay polémica en torno a si la empresa puede o no seguir operando. En Estados Unidos y Panamá son pragmáticos: se paga una multa y se sigue adelante, priorizando el empleo. Pero “no existe un único modelo en la región”, explica Ferreira. “En otros países no es admisible. Depende de la legislación”. Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se produjeron ahí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice su sistema financiero para delinquir. Por eso, la constructora brasileña debió pagar multas a EUA y a Suiza, por donde también pasó el dinero, además de a los países donde efectivamente se produjeron los sobornos. Más allá de estas multas el caso tiene distintos avances o desenlaces, según lo estipulan las autoridades locales. En Brasil, Odebrecht recién se convirtió en blanco de la Operación Lava Jato en 2015, un año después del inicio de las investigaciones. El 19 de junio de aquel año la policía federal detuvo al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. El avance de las investigaciones -incluso con la delación de 77 ejecutivos del grupo- reveló que la empresa tenía hasta un sector responsable de organizar el pago de coimas, llamado Departamento de Operaciones Estructuradas. El sector movió 3 mil 400 millones de dólares entre 2006 y 2014 para abastecer la caja de las campañas electorales en Brasil y pagar coimas en el país y en el exterior, según declaraciones de ejecutivos. Marcelo, en prisión domiciliaria desde diciembre, entregó a la fuerza de tareas correos que tratan, por ejemplo, de la relación entre la empresa e integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En México, en octubre de 2017 el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta al momento no se ha ejercido acción penal contra ningún funcionario de Pemex. Entre los mencionados está su ex director Emilio Lozoya, quien presuntamente habría recibido 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública. Se investiga si esos recursos fueron a dar a las campañas políticas, pero el fiscal que llevaba el caso, Santiago Nieto, fue cesado, por revelar información confidencial. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto multas por 134 mil dólares y 6.3 millones de dólares a un servidor público de Pemex y ha inhabilitado a Odebrecht por 10 años; sin embargo, un juez otorgó un amparo, por lo que los procesos administrativos están detenidos. En Colombia, según la fiscalía, se han encontrado pruebas de que sobornos alcanzaron los 30 millones de dólares en cuatro contratos. El proceso empezó en diciembre de 2016 y ya han sido condenadas cuatro personas, entre ellos un ex viceministro de Transporte y un senador activo. Los contratos que tenía la empresa actualmente fueron tomados por el gobierno y las cuentas de Odebrecht embargadas.
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