Bernardo León El servicio de policía es fundamentalmente una tarea municipal y de manera accesoria estatal. Las milicias que preveía la Constitución de Cádiz eran complementarias a las guardias locales en un país muy despoblado. En el pofiriato la tarea de los “jefes políticos” o “prefectos” que eran un nivel de gobierno intermedio entre el municipio y el estado era primordialmente policial para mantener y reestablecer el orden público y ejercer como “policía judicial” para investigar los delitos. Sin embargo, esa instancia de gobierno desapareció por obra y gracia del artículo 115 constitucional y los municipios y los estados asumieron esa función. Quizás hasta mediados de los años ochenta este esquema funcionó más o menos bien pero el poder que fueron adquiriendo organizaciones criminales y el abandono (presupuestal y legal) de las policías municipales y estatales en casi todo el país puso en desventaja a los gobiernos locales frente al crimen. La respuesta del gobierno federal no fue fortalecer a las policías locales sino crear policías federales con enormes presupuestos, que en su mayor parte pudieran hacer tareas de policía municipal y estatal. Incluso se propuso en dos ocasiones formalmente desaparecer a las policías municipales. Finalmente, López Obrador creó la Guardia Nacional y autoriza recursos muy escasos a las policías de las entidades (7 mil millones para 32 policías estatales frente a los más de 60 mil para la Guardia Nacional) y cero a las municipales, a pesar de que el artículo séptimo transitorio del decreto que creó a la Guardia Nacional prevé un plan para fortalecer a estas policías. No darle la importancia a las policías municipales y estatales es condenar a la inseguridad a las ciudades (grandes, medianas y pequeñas), a las carreteras, las cárceles y a los propios policías, pero también condenar al fracaso a la Guardia Nacional que no es, ni debe ser una “policía municipalota”. En las 32 entidades federativas hay 32 secretario/as de seguridad pública. 6 son mujeres (Campeche, Sonora, Durango, Coahuila y Chiapas y Oaxca). Diez son militares (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Morelos y Guerrero), 21 civiles y uno vacante. Controlan alrededor de 150 mil policías. Algunos han tenido algunos éxitos limitados pero los datos del país en seguridad y acceso a la justicia siguen siendo similares, la cifra negra (delitos cometidos, pero no denunciados sigue siendo del 90 por ciento o más en todas las entidades (recordar que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a las policías a recibir denuncias de hechos delictivos) y las tasas de impunidad siguen rondando el 90 por ciento. El gran reto de los secretarios estatales de seguridad pública es sin duda promover una estrategia basada en los municipios para fortalecer a las policías municipales en funciones como recepción de denuncias, investigación de delito, policía de proximidad y orientada a la resolución de problemas. A su vez, jugar un rol subsidiario en aquellos lugares donde no haya policía municipal y asegurar carreteras seguras para todos. Pero su rol más importante debe ser sin duda, volverse más estratégicos y empezar a sustituir a las policías ministeriales en la investigación de los delitos más graves que se cometen en cada entidad y que superan las fronteras municipales, incluso sustituir a la Guardia Nacional y regresar la seguridad a las policías civiles y locales. En su rol de custodios no podrán mejorar mucho la situación de las prisiones hasta que no se elimine la prisión preventiva oficiosa y se establezcan penas racionales para los delitos. Las policías estatales son fundamentales para la seguridad, pero es necesario un concepto más claro de su función y estrategias en las que asuma su papel de líder articulando a las municipales y sumando a las clásicas funciones “preventivas” a las de investigación. @bernardomariale
La Voz de Michoacán
