EFE / La Voz de Michoacán Oviedo, España. El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, dijo este martes que el posible cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua por el gobierno del presidente Daniel Ortega es “un paso más allá de la opresión” y supone “cortarle la lengua a la gente”. El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el pasado sábado el cierre de 83 ONG locales, incluidas la Academia Nicaragüense y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta -esta última- con una de las bibliotecas virtuales más completas del país. En declaraciones a la prensa la ciudad de Oviedo (norte español), Muñoz Machado aseguró hoy sentirse “desolado” por la decisión del Ejecutivo nicaragüense de dejar sin personalidad jurídica a esas entidades, incluida la Academia de la Lengua del país centroamericano, fundada hace 94 años. “Lucharemos por ella”, garantizó el director de la RAE. “No es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista”, añadió. Su colega de la Academia Mexicana, el escritor y profesor de literatura Gonzalo Celorio, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que el Gobierno nicaragüense reconsidere la decisión, que calificó de “terriblemente lesiva para una institución que se dedica al mayor patrimonio intangible de la humanidad, que es la lengua”. Se trata, subrayó de una “agresión terrible” contra la Academia nicaragüense y contra la asociación de academias de la lengua española al estar “amenazada de muerte” una de sus integrantes. Había subsistido “con gran prestigio”, argumentó, en un país pequeño como Nicaragua, y había albergado entre sus miembros a escritores tan importantes como Rubén Darío, Ernesto Cardenal o Sergio Ramírez. En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- y calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
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