Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán- “Alto a la simulación”, exigieron periodistas y defensores de los derechos humanos al Ejecutivo estatal en el marco del diálogo para generar las leyes de protección a ambos sectores vulnerables. A pesar de que Michoacán es uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico, se advirtieron notables ausencias del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la desconfianza por parte de los colectivos, por lo que los periodistas emplazaron las necesidades del gremio, que cada día es más afectado por las condiciones de violencia generalizada. El colectivo Ni Uno Más, integrado por decenas de periodistas tanto de Morelia como del interior del estado, manifestó la preocupación en torno a la simulación que se percibe en la concreción de la Ley General de Prevención y Protección Ante Agravios a Personas de Derechos Humanos y Periodistas. En voz de los líderes de la organización, Patricia Monreal y Benjamín Álvarez, el primer cuestionamiento fue la ausencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la sesión, así como del coordinador general de Comunicación Social, Carlos Márquez. Señalaron también que la presencia de los colectivos no fue “de buena fe”, sino como parte de las necesidades del gremio ante la crisis de violencia a la que han sido sometidos cientos de trabajadores de la comunicación tanto de Michoacán como a nivel nacional. “Partimos de un profundo escepticismo sobre el rumbo final de los trabajos realizados en diferentes entidades del país. Exigimos el cese a la simulación pretextando que la ley fue consultada y que la participación de los periodistas y defensores de derechos humanos está reflejada en la iniciativa que habrá de enviarse al Poder Legislativo en el próximo periodo”, manifestó el colectivo en la sesión de poco más de una hora de duración. Los colectivos exigieron que la iniciativa sea presentada antes de ser entregada a los diputados en los próximos meses, para cerciorarse de que se cubren los principales aspectos y necesidades tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos. El recuento del colectivo Ni Uno Más Michoacán ya suma seis compañeros desaparecidos y catorce asesinados en el estado de 2006 a la fecha. Dos de ellos durante el presente año 2022: Roberto Toledo y Armando Linares, colaborador y director de Monitor Michoacán, respectivamente, medio de Zitácuaro que, luego de los homicidios, cerró sus operaciones. Previo a ser asesinado el pasado 15 de marzo, Armando Linares manifestó su desconfianza hacia el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la voz que alzó para denunciar ser víctima de amenazas no valió para evitar su muerte. En 2017, Salvador Adame Pardo fue desaparecido y asesinado a pesar de estar bajo “la protección” del mismo mecanismo. En mayo pasado, una compañera del interior de Michoacán se enteró de que estaba contemplada dentro del mecanismo, a dos años de distancia de haber sido baleada por elementos de seguridad del gobierno del estado. “La efectividad del mecanismo ha evidenciado, por un lado, sus deficiencias para proveer protección a los compañeros en situación de riesgo, y por otro, ha fungido como herramienta que cristaliza las intenciones de quienes buscan acallar el ejercicio periodístico”, manifestó el colectivo. La principal preocupación del mecanismo radica en que, al ser sujetos a medidas urgentes de protección, periodistas son evacuados o reubicados temporalmente, coartando la posibilidad de continuar el ejercicio de su labor, sustraídos de su entorno, propiciando incluso el cierre de los espacios informativos en que laboran. En Michoacán tenemos ejemplos de ello. Se exigió que las acciones de protección a periodistas no contribuyan a la propagación de zonas de silencio, que se entienda que somos sujetos de derechos y no objetos de protección, que la supresión del ejercicio periodístico no sea condición para permanecer con vida. Gobiernos, agresores y defensores El 43 por ciento de las agresiones en contra de comunicadores y defensores de derechos humanos proviene de instituciones municipales y estatales, mientras que sólo el 30 por ciento proviene de los grupos delincuenciales. La unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que en dicha condición obedece a que muchas autoridades locales están involucradas con el crimen organizado y actividades ilícitas que derivan en condiciones de violencia. Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció complicaciones por la colusión de los gobiernos locales con el crimen organizado como una práctica que se replica en prácticamente todo el país.
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