Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 90 años de prisión en contra de un hombre y una mujer, al acreditar su responsabilidad en el secuestro de un profesionista ocurrido en el municipio de Panindícuaro. De los hechos se estableció que, el 28 de noviembre, al regresar a su casa ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en ese municipio, madre e hija se percataron de que tanto el agraviado como un vehículo Chevrolet, tipo Cruce, de su propiedad, no se encontraban en el inmueble, por lo que comenzaron a buscarlo; horas más tarde fueron contactadas por personas desconocidas que exigieron la entrega de una importante cantidad de dinero en efectivo para ponerlo en libertad. Una vez que se negoció el pago y se pactó la entrega, un familiar acudió a un punto específico de la misma colonia en donde dejaron el efectivo; sin embargo, la víctima nunca fue liberada. Estos hechos fueron denunciados ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que tras integrar la Carpeta de Investigación y llevar a cabo las diligencias correspondientes, lograron recabar información que permitió conocer que Gabriela R., -vecina de la víctima- había participado en el hecho como la persona que recogió el dinero, por lo que solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada en diciembre de 2020. Derivado de lo anterior y al seguir con las investigaciones, los plagiarios continuaron realizando exigencias económicas y pactaron un segundo pago, por lo que se implementó un operativo que condujo a la captura de Luis Eduardo T., en los momentos en los que realizaba el cobro del rescate. En audiencia de juicio oral, Luis Eduardo T., y Gabriela R., fueron encontrados culpables en el delito que la ley señala como Secuestro Agravado, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra y los sentenció a 90 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño. La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones para que ningún hecho que atente contra la libertad de las y los michoacanos, quede impune.
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