Derechos socioeconómicos DASHA HILLARY SÁMANO SAUCEDO Todos los derechos humanos, ya sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales, están interrelacionados, incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo. En otras palabras, son las necesidades básicas que tenemos todas las personas para vivir dignamente, como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la alimentación, el agua, el saneamiento, la seguridad social, el medio ambiente sano y la cultura. Por ejemplo, las personas que no saben leer ni escribir suelen tener más dificultades para desarrollar todo su potencial que las que sí pueden encontrar trabajo o participar en la actividad política. La malnutrición y el hambre son menos probables ahí, donde los individuos pueden ejercer efectivamente su derecho al voto e influir en las prioridades del gobierno. Por ello, todos los Países tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales; para lo cual tiene obligaciones específicas que se pueden resumir en: 1) lograr progresivamente la plena realización de estos derechos a lo largo de un período de tiempo, adoptando las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de estos derechos; 2) con efecto inmediato, tienen la obligación de garantizar el disfrute de los niveles mínimos esenciales de cada derecho; 3) deben cumplir progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, lo que implica la prohibición de medidas que disminuyan el disfrute actual de los derechos; 4) prohibir que exista discriminación, lo que requiere medidas específicas para garantizar la protección de los derechos de las poblaciones marginadas como prioridad, incluso cuando los recursos son limitados, se deben de adoptar medidas para proteger a los más vulnerables; y 5) el deber de utilizar el máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, aun y cuando se tengan claramente recursos inadecuados a su disposición, se deben introducir programas de bajo coste para ayudar a los más necesitados, haciendo que los recursos limitados se manejen de forma eficiente y eficaz. Sin que se omita mencionar que el propio Estado puede incurrir en conductas que atentan contra esos derechos, sobre todo cuando incumple con las obligaciones mencionadas. Sólo por mencionar algunos ejemplos, serían los casos en que se desahucia por la fuerza a las personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada), se contamina el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones del Estado (derecho a la salud), no se garantiza un ingreso mínimo suficiente para vivir decentemente (derecho al trabajo), no se evita el hambre en todas las zonas y comunidades del país (vivir libre del hambre), se impide el acceso a información y servicios relativos a la salud sexual y reproductiva (derecho a la salud), se hace una segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas ordinarias (derecho a la educación). Por cuanto, para la consecución del pleno goce de los derechos socioeconómicos, los Países necesariamente deben desarrollar políticas públicas, a través de sus legislaciones y planes de Estado encaminadas a garantizar la plena realización de los mismos. Cobra tal relevancia la protección y garantía de los derechos socioeconómicos, que los mismos están reconocidos en los mandatos constitucionales, además de que nivel internacional, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encaminan esfuerzos para fortalecer la promoción, respeto, protección y garantía de los esos derechos, con el propósito de que sean una realidad para todas las personas. En suma, también valdría la pena mencionar que las decisiones de los tribunales nacionales de todo el mundo, así como los mecanismos regionales e internacionales que abarcan todos los derechos económicos, sociales y culturales, demuestran que estos derechos pueden ser objeto de aplicación judicial. El poder judicial tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestra comprensión de estos derechos, en la provisión de recursos en casos de violaciones y en la toma de decisiones en casos de prueba, todo lo cual puede conducir a un cambio institucional sistemático para prevenir futuras violaciones.
La Voz de Michoacán
