JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ El asesinato de dos sacerdotes de la Compañía de Jesús, quienes de desempeñaban como guías espirituales en Chihuahua, junto con por lo menos tres personas más que se reportan desaparecidas, reúnen todas las agravantes de la miserable situación en la que se encuentra nuestro país. No hay matices ni existe forma de ocultarlo. El país esta hincado ante la delincuencia. En todos lados es lo mismo, con sus agravantes pero nadie se salva. Repito lo que dijo Juan Villoro: conocemos ahora la geografía de México a través de nuestras desgracias. Nos damos cuenta de lo que pasa en los lugares más recónditos por las historias de terror. Lo grave no sólo es el incremento notable, declarado, reconocido por la estadística oficial y oprobioso de la violencia. El punto es que los delitos se vuelven más graves; hoy por ejemplo contra sacerdotes pero nadie se salva: periodistas, mujeres, transeúntes, niños. En Zamora esta misma semana un individuo que aparentemente actuó en solitario desató una persecución y balaceras contra civiles en diferentes partes de la ciudad. Mató a ocho, al parecer indiscriminadamente, desquiciado. No solo hay diariamente más violencia en el país sino que cada vez es más grave y alcanza grupos o segmentos que evidentemente no están dentro del cuento del “enfrentamiento entre grupos rivales” explicación que simplemente no satisface a nadie porque no resuelve nada. Los balazos están por todos lados. Es lo único que se siente junto con las noticias de enfrentamientos, colgados, decapitados, desaparecidos. La violencia imparable ha dejado zonas completas deshabitadas, desiertas. No hay un cálculo exacto de la cantidad de desplazados de las regiones donde la delincuencia ha sentado sus reales y gobierna en los hechos. Tampoco será fácil calcular el deterioro del aparato productivo y las capacidades económicas. La violencia debe ser responsable por la disminución de entre tres y seis puntos porcentuales del Producto Nacional y de una buena parte del incremento de la pobreza extrema en el país. El arraigo del narcotráfico en el territorio nacional, ha provocado un avance sustantivo en su capacidad de acción, de respuesta, de captación de adeptos y hasta en su base social. En los pueblos es notable el arraigo financiero y el desarrollo patrimonial que han logrado con la consecuencia del control político, económico y social en la vida de muchas comunidades. Se sabe que quienes asesinaron a los sacerdotes en Chihuahua controlan varios ámbitos de la vida comunitaria en ese estado. Eran los propios Jesuitas quienes representaban un remanso, un espacio de protección para la población contra estos grupos, como lo ha sido la iglesia por muchos años a través de su actividad evangélica y en particular la Compañía de Jesús, los Jesuitas. Ni a ellos los han respetado. La indolencia de las autoridades es notable. Las actuales y las anteriores. Las locales, estatales y federales. Todos son responsables. Se exhiben pasmados; lucen indefensos y pequeños ante el problema. Hoy también sabemos que el asesino de los Jesuitas en Chihuahua es antiguo líder de un conocido grupo de sicarios que se mueve sin temor ni recato en esa región, ante la indiferencia o complicidad de las autoridades. La indefensión del ciudadano en estos contextos de alta erosión de las capacidades del gobierno es lastimosa y se va agravando. Nos habla de la plena desaparición del estado en muchas regiones y momentos o ámbitos de la vida del país. El importante papel que juega la iglesia en diferentes comunidades destaca porque son el refugio y el respiro para la búsqueda de desaparecidos, la protección con perseguidos, el auxilio a migrantes que también son víctimas de la delincuencia organizada.No es extraño que los sacerdotes en ese contexto se hayan convertido en la autoridad moral ante la ausencia del estado. Esa ha sido la misión catequista de los Jesuitas. Destaca notablemente la impunidad. Hace algunos años el propio gobernador de Chihuahua, había señalado al asesino de ser responsable de al menos otro homicidio. No estaba detenido ni pasó por la cárcel. Se movía con la total impunidad: en su casa. Junto con la actuación de las instancias de seguridad pública, es urgente revisar a las Fiscalías y de manera muy importante al Poder Judicial de los estados que presenta claroscuros notables en sus actuaciones y criterios. La tragedia de los desaparecidos vuelve a ser un elemento desgarrador en este enredo. Se dice que después de matar a los sacerdotes y a un tercero, que se identifica como guía de turistas, el grupo de sicarios reunió los cuerpos junto con otras personas que antes había “levantado” y simplemente se los llevaron. Nadie sabe nada. Aparecen decenas de cuerpos aquí y allá en fosas clandestinas o en las comunes de los panteones civiles donde no hay capacidad para conservarlos ni tienen los instrumentos o la tecnología para identificar sus características genéticas, de manera que sus deudos puedan eventualmente reconocerlos y darles sepultura. Eso explica la cifra de más de cien mil personas reportadas como desaparecidas en los últimos años. A final de cuentas las cosas se miden por los resultados y es claro que la violencia sigue una espiral ascendente, así que la estrategia, cualquiera que ésta sea, no ha funcionado. Hay que cambiarla. Tiene que ser en este momento, sin fines partidistas, a un tiempo razonable de la elección, porque si no, en un año y medio todos los temas vuelven a ser parte de la discusión política y electoral. Sin soluciones ni acuerdos; eso es lo que nos tiene tan descompuestos.
La Voz de Michoacán
