Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Un “tema de preocupación” se han vuelto las amenazas, agresiones y constante presión de grupos de la delincuencia organizada hacia los presidentes municipales y las estructuras locales de las 113 demarcaciones del estado de Michoacán Luego del homicidio del síndico municipal de Villa Jiménez, el gobierno de la entidad admitió que hasta el momento se tienen hasta 7 protocolos activados de seguridad para el mismo número de ediles. En voz de Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del estado, el panorama es complejo en cuanto a la seguridad del primer nivel del Ejecutivo. Aclaró que al momento no se puede revelar a la opinión pública más detalles sobre los protocolos activados en los últimos 6 meses, pero reconoció la “preocupación” que existe al respecto. En los 7 protocolos, los propios alcaldes “levantaron el teléfono” para pedir el auxilio del estado ante el posible riesgo de atentados por parte de grupo delictivos y otras amenazas, en un año que ya ha cobrado la vida de funcionarios municipales, incluyendo alcaldes. El último atentado en Villa Jiménez (en contra del segundo funcionario de mayor rango en dicha demarcación) volvió a encender el foco de preocupación por los constantes embates de la violencia, particularmente en regiones de Tierra Caliente y la Sierra Costa, además de los límites con Jalisco. Hay varios, no puedo especificar un número exacto, pero hay varios. Unos 6 o 7 más o menos los que tenemos y que fueron solicitados expresamente por ellos”, detalló Carlos Torres Piña. “Por supuesto que es de preocuparse; nosotros les hemos dicho a los alcaldes que tomen sus medidas y, por supuesto, que nos hagan saber ante alguna particularidad de inmediato para poder apoyarlos. Quienes lo han hecho se les ha apoyado de inmediato”, manifestó el encargado de la política interna ante la opinión pública. Historial de asesinatos En lo que va de este año, dos alcaldes han sido asesinados en el estado. En febrero pasado, el edil de Contepec, Enrique Velázquez Orozco fue “levantado” y muerto en su propia demarcación. Sobre el caso, ya se han cumplimentado órdenes de aprehensión de presuntos hechores. En marzo pasado, el alcalde César Arturo Valencia Caballero y su asesor René Cervantes Gaitán, ambos de Aguililla, fueron asesinados en un ambiente de incertidumbre por la pugna de grupos delincuenciales por el control de esta región en la Sierra Costa, marcada por los conflictos armados. Posteriormente, un funcionario del municipio de Cuitzeo también fue asesinado luego de ser “levantado” por presuntos gatilleros sin que hasta el momento se hayan revelado más detalles de los hechos. Para el mes de mayo, en el municipio de Zitácuaro trascendió el atentado en contra de un familiar del presidente municipal, lo cual trajo consigo una fuerte movilización policial en la zona por los rumores de más ataques al propio ayuntamiento. Durante esta semana el atentado contra el síndico de Villa Jiménez marcó el tema en la agenda estatal. Al momento, la alcaldesa María Muñoz Ledo aún no ha solicitado protocolo de seguridad por lo que la presencia del estado se mantiene de manera permanente en la región. “La actuación que se tiene que realizar por parte de las áreas de seguridad tiene algún efecto cuando hay que hacer frente. Puede haber reacciones”, manifestó el encargado de la política interna a pregunta expresa de esta casa editorial. Los ayuntamientos y los presidentes municipales han sido advertidos como el nivel de gobierno más expuesto a agresiones por los grupos delincuenciales y la crisis de violencia que se vive actualmente, así como también a temas de corrupción y de colusión con actividades delincuenciales. En la mayoría de los casos los municipios no cuentan con los estados de fuerza necesarios para garantizar la integridad de sus propias estructuras de gobierno y mucho menos para atender las necesidades de la población. Ante el panorama anterior, la respuesta del Ejecutivo estatal fue la conformación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz) como mecanismo para el inyectar recurso a las estructuras municipales para la prevención y contención de los distintos fenómenos de violencia que aquejan las diversas demarcaciones. Actualmente, únicamente el municipio de Zitácuaro cuenta con el estado de fuerza municipal necesario para contener los distintos fenómenos generadores de la violencia. El resto de los municipios, incluyendo Morelia “se las arreglan cómo pueden” y con un número reducido de elementos, lo que les ha llevado a una dependencia de las fuerzas estatales y federales para garantizar la gobernabilidad en sus propios territorios.
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