México recibió en los últimos cuatro años 30 mil reportes telefónicos ligados a delitos cibernéticos, de los cuales 53 por ciento fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26 contra ámbitos académicos y 21 por ciento contra el sector privado o empresarios. La suplantación y robo de identidad representan 68 por ciento de los delitos cibernéticos y 17 por ciento son por fraude, mientras que los hackeos son el 15 por ciento, denunció Lizbeth Eugenia Rosas Montero, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Estas cifras colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica con 85 y 84 por ciento de usuarios, de manera respectiva. Además, refirió Rosas Montero, es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos, siete de cada 10 usuarios. México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a tres mil millones de dólares, refirió la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dijo que ante este escenario, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en donde exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen los resultados en materia de seguridad cibernética. Pidió a esas dependencias federales, así como a la Secretaría de Relaciones Exterior, dar a conocer su posición respecto a la adhesión al convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185). Puntualizó que la llamada "Convención sobre Delitos Informáticos" o "Convenio sobre Ciberdelincuencia" conforma el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación en la materia -derecho penal, procesal y cooperación internacional- y trata con carácter prioritario una política penal contra este delito virtual. Lamentó que México no sea miembro de esa convención, situación que conlleva a la falta de coordinación estratégica con las naciones líderes en el combate a los ciberdelitos, a pesar de estar incluidos entre los países con mayor incidencia delictiva en Internet. Al respecto, se pronunció por crear leyes específicas respecto al uso del ciberespacio y homologar la tipificación de los delitos cibernéticos. Urgió la adhesión a organismos, convenios, acuerdos y tratados internacionales para la desarticulación de redes de delincuentes mundiales que cometen delitos en Internet, ya que "hoy nuestro país está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean perpetradas desde fuera del territorio nacional". La representante del PRD argumentó en el punto de acuerdo remitido a la Segunda Comisión de la Permanente que la cooperación internacional permitirá robustecer las capacidades de investigación y mejorar las estructuras institucionales en atención a la adopción de políticas de avanzada en materia de seguridad informática.
La Voz de Michoacán
