Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El sector empresas en Michoacán exhortó a la administración estatal la eliminación de los impuestos ecológicos para con las unidades económicas en sus distintas ramas comerciales, puesto que con dicha acción se estará inhibiendo el desarrollo económico en la entidad al considerar que a partir de su aprobación por lo menos 10 empresas en el ramo industrial han mostrado su interés de retirar su capital del estado para instalar sus plantas de producción en otras entidades de la República Mexicana con más accesibilidad. Los organismos que presidieron la reunión en donde se abordó el tema son: La Asociación de Industriales en el Estado de Michoacán (Aiemac), Ricardo Bernal Vargas; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Uruapan, Rubén Flores; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Uruapan, América Bárcenas y Zamora; la Cámara Nacional del Comercio, Servicio y Turismo (Canaco Servytur) en Morelia, Luis Navarro García y Uruapan, Javier Corza; así como la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México de Uruapan, David Ruiz, quienes que no pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de Michoacán (CCEEM), por lo que difieren de los acuerdos a los que llegó este organismo con el gobierno del estado en cuanto a la aprobación de los impuestos ecológicos. En este sentido, comentaron que los organismos presentes representan a miles de empresas, mismas que generan miles de empleos en la entidad, de los sectores: agroalimentarios, industriales, comercios, así como de servicios: “En primera instancia, consideramos que la Ley de Hacienda del Estado no es clara en la interpretación del procedimiento de cálculo de los impuestos ecológicos, por lo que, creemos que los cobros de dichos impuestos alcanzarían cantidades millonarias que además de poner en riesgo la operación de todas las industrias del estado, de empresas de otros sectores como: energía, acero, automotriz, agropecuario, residuos, comercio y servicios”. También comentaron que si bien el subsidio temporal de estos impuestos, que se publicó el 14 de febrero de 2019 en el Periódico Oficial de la Federación (PEF), representa la apertura para analizar este tema a través de mesas de trabajo con la iniciativa privada, así como especialistas ambientales; asimismo, la ley no señala un destino claro respecto a la aplicación de los ingresos que el estado recibiría por este concepto, en la reversión del daño ecológico, lo cual es inaceptable, dado que esa es la supuesta finalidad de la recaudación. Por otro lado, “los impuestos ecológicos estatales representan una invasión de esferas de competencia entre el ámbito de regulación federal y el estado, lo que origina una sobre tributación, para un mismo concepto. Hay una duplicidad y triplicidad de regulaciones; además de mencionar que el estado actualmente capta ingresos por trámites ambientales tales como: Cédula de Operación Anual (COA), Licencia Ambiental Única (LAU), Registro Generador de Residuos de Manejo Especial, Transporte de residuos, Estudios de Impacto y Daño Ambiental, entre otros”.
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