Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Tras una mesa de trabajo entre representantes de la industria aguacatera, el Gobierno de Michoacán y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal, se trazó un nuevo intento para encontrar la ruta de la formalización laboral para el sector, en donde se reabrió la puerta a la subcontratación. En el encuentro sostenido en la Ciudad de México y donde estuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la STPS, Marath Bolaños López, propuso la posibilidad de que empresas cortadoras de aguacate se inscribieran al Registro de Prestadores de Servicios Especializados (Repse), donde deberán estar al corriente con sus aportaciones al IMSS e Infonavit, para ser contratadas como empresas especializadas. Al respecto, el funcionario federal argumentó que “se quiere respaldar el esfuerzo del Gobierno de Michoacán para generar un gran pacto que traerá beneficios para los trabajadores que son parte esencial en el desarrollo productivo y económico del estado”. Resaltó que las empresas que pretendan apegarse a esta inscripción en el Repse tendrán que estar al corriente con sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit para poder ser contratadas como “empresas especializadas”. El gobernador Ramírez Bedolla, por su parte, refirió que los acuerdos logrados con liderazgos empresariales de la Asociación de Productores y Empacadores, Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM) eran pasos importantes alcanzar la justicia social de cortadores y empacadores que no tienen acceso a la seguridad social y a las prestaciones de ley. Valoró que con lo convenido también se generan las condiciones para que toda la agroindustria de exportación camine por la misma vía, se alcance la certificación y se dé certeza jurídica ante los lineamientos del T-MEC, un tema que preocupa porque para poder mantener los envíos a Estados Unidos las normas del tratado establecen que todos los trabajadores de las actividades productivas involucradas en la relación trilateral deben tener seguridad social y contar con las condiciones mínimas de ley. ¿Qué dice la ley? De acuerdo con la reforma más reciente a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 12 define que la subcontratación (outsourcing) es la práctica laboral en la que una persona física o moral proporciona trabajadores propios en beneficio de otra, la cual queda prohibida en México. El artículo 13 apunta que sólo “se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante”, es decir, de servicios que no tengan que ver con la actividad esencial de la empresa que requiere este servicio. Es de recordar que la anterior secretaria del Trabajo y ahora titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el argumento de los aguacateros michoacanos para no dar de alta a sus trabajadores a la formalidad en muchas ocasiones era que formaban parte de una empresa especializada en la cosecha del fruto. En una visita a Uruapan el 20 de junio de 2022, en presencia del gobernador Ramírez Bedolla la entonces titular de la STPS dejó en claro a los empresarios que en Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación había dos criterios básicos: en primer lugar, la prohibición de subcontratar a los trabajadores para actividades esenciales de la empresa. En segundo punto, atajó que “la actividad del corte de la fruta no es especializada, por lo tanto, no se permite la contratación de jornaleros agrícolas a través de empresas intermediarias”. La funcionaria federal aclaró en en aquel momento que sí podía haber empresas que operaran como “agencias de empleo” para colocar a jornaleros, pero las empacadoras o quien requiriera de sus servicios serían los patrones a cargo de todas sus prestaciones. El modelo de outsourcing fue criticado por el gobierno federal como una cuna de irregularidades que lesionaban los derechos de los trabajadores, al no poder, entre otras cosas, generar antigüedad, lo que obligó a una reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021.
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