Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Para poder cumplir a cabalidad los requisitos del T-MEC en materia de derechos laborales es necesario brindar seguridad social a los cientos miles de trabajadores del campo michoacano; este viernes el Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Trabajo Previsión Social (STPS) dieron el primer paso en este sentido con la firma de un convenio para coordinar acciones en esta ruta. Con el acuerdo se instala en la entidad un operativo permanente de revisión de los centros agrícolas de trabajo con la idea de formalizar la actividad de más de 200 mil jornaleros, quienes tendrán que ser inscritos a este régimen y contar con las prestaciones mínimas de ley, incluyendo su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Actualmente, apenas 30 mil 419 trabajadores de campo cuentan con seguridad social, todos ellos con contratos eventuales que se dan de acuerdo con las temporadas de siembre y cosecha de cada producto. “No podemos seguir apostando por un modelo laboral excluyente, que evite mejorar las condiciones laborales de las y los jornaleros agrícolas, por eso, estamos trabajando en su dignificación”, refirió Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, quien acudió a la ciudad de Morelia para la firma del convenio. “Hoy compartimos una visión con el Gobierno de Michoacán, en diálogo con el sector empresarial y obrero, para no apostar ya más por un modelo laboral excluyente”, aseveró la funcionaria durante el evento realizado en Casa Michoacán, en donde hizo un llamado especial para que la riqueza del campo michoacano no se quede solamente en unas cuantas manos, “que se genere riqueza para toda la cadena productiva y la bonanza se vea traducida en protección para los trabajadores”. Gran deuda con campesinos Y es que históricamente el campo ha sido olvidado por las autoridades en cuanto a la revisión de las condiciones dignas mínimas, sin embargo, con Michoacán como el principal exportador de productos agroalimentarios hacia Estados Unidos y Canadá, una de las cláusulas obliga a México a garantizar derechos laborales mínimos para poder sostener el intercambio comercial. El capítulo 23 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estipula que para que México (y en este caso específico, Michoacán) pueda seguir gozando de los beneficios que ofrece el tratado debe garantizar a los trabajadores de productos y bienes de exportación la libertad de asociación y la negociación colectiva; debe eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo; la abolición del trabajo infantil, e implementar una constante regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como la garantía de seguridad social y salud en el trabajo. En este orden de ideas, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS, reconoció que menos del 10 por ciento de la mano obra de obra en el campo está debidamente dado de alta ante el IMSS. “La enorme mayoría de hombres y mujeres del campo que cosechan la fruta no tienen cobertura de seguridad social, por ello iniciamos de inmediato un operativo conjunto de inspección estratégica, que en una primera etapa comprende el acercamiento con los empresarios para que conozcan las reglas que impone la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación y que prohíbe cualquier modelo productivo basado en la precariedad”. Una de las grandes e históricas quejas en la entidad es que pese a ser líder productor y exportador en decenas de cosechas, entre ellas las multimillonarias del aguacate y las frutillas, los jornaleros siguen sumidos en la pobreza y con líneas precarias de trabajo y vida. Por ello, Alejandro Salafranca destacó que en una segunda e inmediata etapa “la Secretaría del Trabajo y el Gobierno del estado darán paso a inspecciones estratégicas de verificación intensa para lograr que este año se produzca un salto cualitativo y cuantitativo en los niveles de formalización laboral entre los jornaleros agrícolas”. Los operativos se mantendrán todo el año, apuntó, bajo la clara idea de que se dignifique el trabajo jornalero, se respete la ley federal en la materia y se abata de una vez y para siempre la explotación laboral que prevalece en el campo michoacano. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comentó que con este convenio “se refrenda el compromiso de trabajar para lograr mejores condiciones legales, y de seguridad de los trabajadores”. Reconoció que son más de 200 mil jornaleros en precariedad en la entidad, una cuenta importante que atender “porque el tejido social se rompe por condiciones inhumanas, por falta de dignificación de trabajo el reto que tenemos es mejorar esas condiciones para la población"
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