Expertos perciben mejoría económica en Michoacán a un año del actual gobierno estatal

Maricruz Rios / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. En su balance con motivo del primer año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) pondera que se han percibido señales positivas de resarcimiento financiero, si bien el contexto general es crítico tras un sexenio muy malo en el aspecto económico y la problemática heredada por la pandemia de la COVID-19.

Al respecto, Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del CEEM, valoró que del cuarto trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2022, las actividades económicas de Michoacán han reportado un crecimiento anualizado de 2.6 por ciento, apoyado por las actividades industriales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Destacó que “en los primeros cinco meses de 2022 las actividades industriales han sido clave en la recuperación económica de la entidad”, un sector al que dado especial relevancia el mandatario, por lo que considera como positivo el arranque de la nueva administración estatal en este tópico, si bien los retos se mantienen en materia de generación de empleo, atracción de inversiones, aumentar la inversión pública y revertir la precariedad laboral.

A manera de repaso, el también investigador y académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) postuló que “el sexenio 2016-2021 significó retroceso económico para los michoacanos”, reportando apenas un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) de apenas 0.9 por ciento, “convirtiéndose en la peor gestión gubernamental al respecto desde 1980”.

Expuso que los estragos económicos deterioraron la estructura productiva, “en particular el detrimento de las actividades industriales que perdieron participación, dinamismo, atraso en materia tecnológica y digital, y en el comercial exterior desplazadas por las exportaciones agrícolas”.

Bajo esta línea de ideas, valoró que “el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla tuvo que hacer frente a la crisis económica y al colapso financiero heredado”, administración que ha dado algunos pasos positivos, si bien todavía insuficientes para ir recomponiendo el escenario financiero y, por ende, relanzando el desarrollo social.

Sin embargo, reflexiona el especialista nicolaita que se debe consolidar una agenda que abarque varias aristas en la búsqueda de una verdadera reactivación, entre ellas el diseño de una ruta de crecimiento económico anual de 4.0 por ciento en los próximos cinco años; para ello “es indispensable recuperar la participación de las actividades industriales en el valor real del PIB estatal al 23.5 por ciento, que era la tasa registrada en el año 2000”.

Gil Corona apuntó que también se requiere conformar una alianza entre el sector empresarial y los diversos niveles de gobierno para crear un fondo concurrente que permita generar, atraer y retener talento e inversiones en proyectos y programas prioritarios en la entidad.

Además, “el tamaño de la inversión concurrente pública y privada debe permitir inversiones anuales de por el orden de 40 mil millones de pesos para alcanzar tasas de crecimiento económico sostenidas”.

Recordó que otro tema urgente es la generación de más y mejores empleos, una crisis en materia laboral que no sólo tiene que ver con la pandemia, sino por factores como “tímidas inversiones” públicas y privadas, el endeble consumo interno, el minado gasto estatal y una economía local que crece muy poco.

Si bien hasta los resultados que se observan en lo que va de 2022 son señales de mejoría en la creación de empleo estatal, con 3 mil 540 plazas generadas hasta agosto, la meta para este año debe rondar los 10 mil puestos de trabajo formales.

De ahí, explicó, “encaminar los esfuerzos del sector empresarial mediante apoyos e incentivos focalizados del gobierno estatal para alcanzar el nivel de empleo formal en 40 mil puestos anuales en los próximos 5 años, además de reducir la informalidad de un 66 a un 40 por ciento como máximo.

“El reto estructural del marcado de trabajo consiste en revertir los actuales niveles de ocupación informal para atacar la precariedad laboral en el estado”, concluyó.