EFE / La Voz de Michoacán Cada pago, dispersión o alta de proveedor genera datos personales y financieros. Desde 2025, las empresas que manejan recursos deben hacerlo bajo reglas más estrictas y ante una autoridad distinta. La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se publicó en el DOF el 20 de marzo de 2025 y entró en vigor al día siguiente. El INAI desapareció y la supervisión pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El consentimiento debe ser libre, específico e informado, y se añade el derecho a oponerse a decisiones automatizadas que afecten de forma significativa a la persona. Lo que la ley exige en la práctica El artículo 5 establece que todo tratamiento de datos debe sujetarse a ocho principios: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Este último es el más exigente, porque obliga a la empresa a demostrar que cumple, no solo a declararlo. En el caso de la información financiera, los artículos 7 y 8 elevan el estándar: los datos financieros o patrimoniales requieren consentimiento expreso, y los sensibles, expreso y por escrito. Ese consentimiento debe sustentarse en un aviso de privacidad que, conforme al artículo 15, identifique al responsable, los datos que trata, las finalidades y la forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Cuando una persona los ejerce, la empresa tiene 20 días hábiles para responder y 15 más para ejecutar lo solicitado. La ley también pone el foco en la protección técnica. Las empresas deben aplicar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, y avisar de inmediato a los afectados cuando una vulneración dañe significativamente sus derechos patrimoniales o morales. Dicho de otro modo, la privacidad ya no es solo un documento legal: es una capacidad operativa. El costo de incumplir El artículo 59 prevé multas de 200 a 320,000 UMA cuando una vulneración de seguridad es imputable al responsable, con montos que pueden duplicarse si hay datos sensibles. Con una UMA diaria de 117.31 pesos en 2026, el tope equivale a unos 37.5 millones de pesos. A ello se suma el impacto operativo y reputacional: IBM estima en 5.56 millones de dólares el costo promedio de una brecha de datos en el sector financiero. Privacidad que se puede demostrar Por eso la privacidad no puede descansar en una política interna. Los estándares internacionales ofrecen una vía verificable: la norma ISO/IEC 27701 está enfocada en la privacidad de datos personales, y su auditoría independiente permite a una empresa responder con evidencia ante una autoridad o un comité de riesgo. Los datos no son de la empresa: se los confían. Y la confianza, a diferencia de un dato, no se restaura desde un respaldo. En Broxel, la privacidad se diseña, se certifica y se demuestra. Cumplir con la ley es el punto de partida, y por eso la compañía ha construido una arquitectura de protección de datos que va más allá del mínimo exigible. Cuenta con PCI-DSS V4.0.1, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO 22301, ISO 9001 e ISO 37001, que cubren desde la seguridad de la información y la privacidad hasta la continuidad, la calidad y las prácticas antisoborno. A ello suma el Modelo Global CIC y su adhesión al Esquema de Autorregulación Vinculante en Protección de Datos Personales, mecanismos que refuerzan la relación con sus clientes y el cuidado de su información. Alcanzar estándares internacionales exige procesos documentados, equipos especializados y auditorías independientes, un nivel de rigor que respalda una operación que hoy atiende a 30 millones de usuarios y opera con licencias SOFIPO, SOFOM e IFPE en México. Esa es la diferencia entre prometer protección y poder comprobarla. Para las empresas que confían sus pagos, dispersiones y datos a Broxel, el resultado es una infraestructura financiera donde cada operación deja registro, cada control tiene respaldo y cada dato se trata con la responsabilidad que la ley exige y que la confianza merece.
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