EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Cámara de Diputados decidió posponer la votación prevista para este martes de la polémica reforma de la Ley del Banco de México, que obligaría al banco central a comprar dólares en efectivo que el sistema financiero no puede repatriar. A través de Twitter, el líder en la Cámara, el morenista Ignacio Mier, anunció que propuso "la creación de un grupo de trabajo con la participación de todos los sectores que tienen que ver con la reforma". Este grupo, detalló, incluye al Banco de México, a las diferentes instituciones privadas del país, y a la comunidad mexicana en Estados Unidos, a la que esta reforma pretendía beneficiar. La semana pasada, el Senado aprobó la reforma con la intención de obligar al Banco de México a comprar los dólares en efectivo que traen los migrantes al visitar México, algo a lo que se oponen las instituciones financieras por considerar que facilitaría el lavado de dinero. "Como se acaba de hacer público, los diputados pospusieron la discusión de la Ley de Banxico (Banco de México). Nos parece que han tomado la medida adecuada al dar espacio para tener una discusión más técnica y profunda", expresó en redes sociales el secretario de Hacienda del Gobierno mexicano, Arturo Herrera. El secretario apoyó que "los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar las remesas de manera segura y a costo eficiente", pero criticó que el partido que apoya al Gobierno no analizó "las muy importantes implicaciones para el sistema financiero" de la reforma. Herrera subrayó que el 99.3 por ciento de todas las remesas pasan por el sistema bancario y defendió que "esta es la ruta que debemos seguir operando". Tras la aprobación en el Senado, el líder de Morena en esa Cámara, Ricardo Monreal, defendió la medida porque, dijo, "es un calvario poder cambiarlos en pequeños comercios e imposible en instituciones financieras". Pero la reforma recibió una oposición frontal tanto del Banco de México como de la Asociación de Bancos de México (ABM), que agrupa a una cincuentena de bancos privados. Estas instituciones han denunciado que la medida provocaría que el país retroceda en el combate al lavado de dinero y que, incluso, esté sujeto a investigaciones internacionales. Además, consideran que obligar al Banco de México a llevar a cabo estas operaciones vulnera su autonomía, consagrada en la Constitución, lo que le complicaría realizar operaciones con entidades internacionales.
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