EFE / La Voz de Michoacán La pandemia ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento de los países de América Latina y el Caribe que pone en peligro la recuperación y la capacidad de las naciones para llevar a cabo una reconstrucción sostenible y con igualdad. Así lo afirmó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en una reunión virtual con los países miembros en la que la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, presentó el décimo Informe COVID-19 de la institución. Según explicó la funcionaria internacional, todos los países latinoamericanos han sufrido un deterioro de la situación fiscal, aumentando el endeudamiento de un 68,9 % a un 79,3 % del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020 a nivel regional. (Tal escenario) convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57 %)". Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal Con interrupciones en las cadenas de suministro por las restricciones derivadas de la pandemia, sumado a la disminución de las exportaciones, en particular el servicio de turismo -clave para gran parte de las economías latinoamericanas-, el déficit centroamericano y del Caribe se profundizó entre 2019 y 2020. De 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4 % al 4,5 % del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8 % al 17,2 % del PIB en el Caribe, según recogió el documento. Además, en la región habrá una importante caída de la inversión extranjera directa que será de entre el 45 % y el 55 %, aproximadamente, en el mismo período. El nivel de la crisis alcanza tal amplitud, expuso la Cepal, que las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones de dólares, monto que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). https://twitter.com/cepal_onu/status/1370067727457644549 Si bien el FMI creó instrumentos financieros para inyectar recursos a los 21 países de la región, no todos acceden a las mismas condiciones: economías como Chile, Perú y Colombia pueden optar a financiamiento sin límite de cuota, pero no es una opción disponible para la mayoría de los Estados, en particular los pequeños insulares del Caribe. Redistribución de la liquidez desde países desarrollados hacia los Estados en desarrollo, fortalecimiento de la cooperación regional para aumentar la capacidad de préstamo, instituciones que configuren una arquitectura de la deuda multilateral, instrumentos innovadores de reembolso de la deuda y una estrategia de financiamiento sostenible comprenden, en síntesis, las medidas propuestas por la Cepal para superar la situación. A su vez, el organismo internacional destacó el aspecto fundamental de las políticas implementadas para evitar elusión y evasión de impuestos, así como la necesidad de avanzar en impuestos directos y los que gravan la propiedad y el patrimonio. "También se debe reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes", concluye el informe. LAS MEDIDAS Una primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe. La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE) propuesto por el Gobierno de Costa Rica. El FACE se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados). Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19. Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021. Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado). Como quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario. Asimismo, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia. El Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer financiamiento a gran escala y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, a reducir la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Además de atraer financiamiento en condiciones favorables y otras fuentes de financiamiento, el Fondo de Resiliencia del Caribe se financiaría mediante una reducción de la deuda que representa el 12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a solo 7.000 millones de dólares.
La Voz de Michoacán
