Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- La educación jurídica universitaria enfrenta varios retos que son fundamentales atender y que la crisis sanitaria sólo vino a “cristalizar”, señaló la abogada Tania Ávalos Zetina. En este punto, reconoció que no son novedades, sino deudas que se tienen con la comunidad educativa desde hace tiempo, pero que la pandemia vino a ponerlos sobre la mesa. El primero, dijo, tiene que ver con la implementación de la didáctica jurídica digital, que se refiere a las herramientas y técnicas de enseñanza que permiten no sólo enseñar, sino también que el alumno pueda aprender, y que se fomentan a través de la planeación que se va desarrollando en el aula, a través de las clases, mediante las dinámicas de integración. Estamos acostumbrados a lo que se denomina cátedra magistral, que es que el docente llega al aula, se plante y él es el que habla. Pareciera que él es el que tiene la verdad absoluta. Y esto no siempre es así. Esto es lo que se ha utilizado tradicionalmente. Actualmente se tiene que fomentar lo que se denomina pensamiento crítico”, propuso la también maestra en derecho. Detalló que el pensamiento crítico tiene que ver con esas habilidades para poder generar opiniones, ideas y, sobre todo, que el alumno no tenga miedo de expresarlas. Asimismo, planteó la utilización de las herramientas digitales, puesto que en esta pandemia se tuvo que emigrar de las aulas presenciales a las virtuales. “El problema es que no les podemos enseñar a los alumnos lo que no conocemos”. Llega un proceso de desigualdad en el acceso a las informaciones. No solamente se trata de saber utilizar las herramientas, sino también que el alumno tenga las herramientas a su alcance. En otros países, por ejemplo, se instauró un préstamo domiciliario de equipos de cómputo”, compartió la doctorante en Ciencias Jurídicas, tras reconocer que México está muy lejos de eso, pues ni siquiera se tienen equipos ni redes de Internet. “¿Qué nos permitiría la didáctica jurídica digital? En un primer momento, el que el alumno tenga acceso a las plataformas, el pensar en repositorios institucionales, en bibliotecas digitales, el que el alumno tenga el alcance de un solo clic herramientas como sentencias, jurisprudencias, conferencias y talleres. Todas estas bondades que han venido precisamente a darnos estas estrategias digitales”, destacó la abogada. Reconoció que las limitaciones que se tienen en este sentido principalmente son en universidades públicas, pues las privadas han implementado sus propias estrategias y han mostrado más interés en procesos como la capacitación de sus maestros. “¿Por qué no lo haces?, porque es costoso, y no sólo económicamente, sino también político. Otro de los retos es cuestionar la vocación y aptitud docente. “¿En qué sentido? En el sentido de que hay profesores que son diestros, que tienen conocimiento, pero no tienen habilidades para estar en el aula. Puede ser que el maestro sea bueno, pero no se le entiende. ¿Qué pasa? A nosotros, como docentes del área de Derecho no se nos da el dar clases, pero eso no lo tienes que comprobar como sí se hacen en básica o media superior”. Reconoció que los docentes deben cubrir un equilibrio entre lo teórico y lo práctico y planteó que las instituciones pongan filtros específicos para poder seleccionar a los profesores. Admitió que para impartir clases lo único que se pide es que compruebes experiencia profesional, que seas abogado postulante y se tenga algún área de formación en el proceso de enseñanza. Tenemos maestros que en su vida han pisado un tribunal, que nunca han ungido como un abogado postulante y los tenemos dando materias prácticas y cuando tú les preguntas acerca del proceso, entonces comienzan a hablarte de derechos fundamentales en vez de derechos humanos, de averiguación previa penal en lugar de carpeta de investigación”, lamentó, tras hacer un llamado a tener perfiles adecuados en el seno de las instituciones.
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