La acusación de EE.UU. contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa ha generado posturas divididas en la política mexicana, pues mientras el oficialismo respalda al gobierno estatal, la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado. Desde el oficialismo, el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que "mientras no se compruebe, todos tienen derecho a la presunción de inocencia" y sostuvo que se debe defender la ley y la Constitución, por lo que respaldó al gobernador mientras la ley lo proteja. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, manifestó su respaldo tanto a Rocha Moya como a su compañero senador Enrique Inzunza, cuyo nombre también figura en la imputación dada a conocer hoy por el Departamento de Justicia de EE.UU. El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña también rechazó los señalamientos y sostuvo que "no se le ha presentado una sola prueba". Previamente, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos. Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones, al señalar que carecen "de veracidad y fundamento", y aseguró que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Mientras que la Cancillería de México afirmó que no se presentaron "pruebas" en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el gobierno estadounidense, al tiempo que afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación, al argumentar que contraviene tratados. Oposición ve confirmación de nexos criminales Desde la oposición, dirigentes y legisladores calificaron el caso como grave y sostuvieron que confirma sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado, al tiempo que exigieron una investigación a fondo y la separación del cargo de los funcionarios implicados. El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya sostuvo que la acusación "no es un caso aislado" y confirma un patrón dentro de Morena y demandó que los señalados "den la cara" y comparezcan ante la Cámara alta. En tanto, la excandidata presidencial del PAN Xóchitl Gálvez afirmó que el tiempo le dio "la razón" tras haber señalado a Morena como "narcopartido" y exigió que la presidenta Claudia Sheinbaum pida la salida del gobernador y de los funcionarios implicados para que se inicien las investigaciones. Mientras que el dirigente y excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez pidió que el gobernador se separe del cargo para permitir las investigaciones, y señaló que "la severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro". Según el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la acusación evidencia vínculos criminales en Morena, que llamó "narcopartido", al tiempo que exigió una investigación a fondo y la detención de los implicados.
La Voz de Michoacán
