Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El gobierno de México buscará cancelar los contratos con particulares para la administración de 8 penales en el país, por los cuales se pagaron en 2020 15,562 millones de pesos y en los que en promedio cuesta más de 3 mil pesos diarios la estancia de cada persona privada de su libertad. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que estos contratos, firmados durante el sexenio de Felipe Calderón, estuvieron rodeados de corrupción y se dieron con empresas vinculadas al poder, por lo que negociará su término con las empresas. “Consideramos que es un abuso y si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda pública. En paralelo se va a empezar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo. “Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, me reservo los nombres a no ser que me lo pida el Inai, pero son empresas muy vinculadas a políticos”, acusó el mandatario. En una lista presentada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se muestra que dos de los penales, el 11 de Sonora y el 12 de Guanajuato, tienen como proveedor registrado a la empresa Exi Quantium S.A. de C.V., mientras que otro par, el 15 de Chiapas y el 16 Femenil de Morelos, tienen a Capital Inbursa S.A. de C.V. El 13 de Oaxaca tiene registrado a GIA S.A. de C.V., el 14 de Durango, a DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria S.A. de C.V.; el 17 de Michoacán tiene contrato con Concesionaria de infraestructura penitenciaria de Michoacán S.A. de C.V. y el 18 de Coahuila, con Black Rock S.A. de C.V. Con información de Forbes
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