EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita después del asesinato de dos sacerdotes y un guía turístico en el norte de México en junio pasado. En un comunicado difundido este miércoles por organizaciones civiles mexicanas, se expuso que la CIDH tomó esta decisión porque “aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos”. El organismo recalcó que tras 7 meses y 8 días de los hechos “la impunidad continúa, ya que el perpetrador de los hechos no ha sido detenido”. Asimismo, afirmó que la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste y por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC (CEDEHM) y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDHAC), solicitaron medidas cautelares a la CIDH. Además, la CIDH solicitó al Estado mexicano que adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias y de aquellos que continúan realizando sus labores pastorales y de derechos humanos. “La CIDH llama al Estado a concertar las medidas con la participación de la comunidad jesuita y sus representantes”, apuntó. Del mismo modo, pidió que el Estado informe de las acciones para investigar los homicidios de ambos jesuitas para prevenir su repetición y llamó a las instituciones federales y locales responsables de implementar las medidas que las mismas sean acordadas “a la brevedad”. “También instamos a que los responsables de estos asesinatos que siguen teniendo un fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional, sean llevados ante la Justicia, con el objetivo de que hechos similares no se vuelvan a repetir”, manifestó. Las muertes de los religiosos fueron condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien días después del asesinato prometió una investigación "a fondo" y ofreció recompensa por el presunto homicida.
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