A un año y siete meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, los representantes legales de los estudiantes normalistas y sus familias afirman que el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, cometió 17 irregularidades durante la diligencia realizada en el río San Juan, incluyendo una grave violación al artículo 21 constitucional, en el que se establece que el Ministerio Público Federal es el único facultado para dirigir la investigación de un hecho delictivo. Con base en un análisis elaborado por los abogados del caso, Santiago Aguirre y Mario Patrón, autorizados por las familias para acceder al expediente, existe una jurisprudencia obligatoria de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual se advierte que si las autoridades policiacas investigan de "motu propio" y sin la conducción de un Ministerio Público, se corre el riesgo de que un juez declare nulas las pruebas obtenidas en las diligencias, puesto que no cumplen con los requisitos que marca. Los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez también califican como grave que el área de Seguridad de la Subprocuraduría Especialidad en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR haya consentido ese día la salida del imputado Agustín García Reyes, El Chereje, cuando el detenido estaba bajo su custodia y sin que se hayan emitido los oficios correspondientes, por lo que platean que se sancione al funcionario. Incluso, los padres de los normalistas desaparecidos analizan la posibilidad de entregar el documento a la procuradora general de la República, Arely Gómez, en la próxima reunión de seguimiento a las investigaciones y lo harán público a través de la página web del Centro Pro.
La Voz de Michoacán
