Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Manuel Galván Arcos, quien en esta administración se desempeñaba como gerente en la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, pero que en el sexenio pasado, en otro cargo, estuvo relacionado con el esquema de desviación de recursos conocido como Estafa Maestra, por presuntamente esconder más de 3 millones de pesos en cuentas bancarias no reportadas. El funcionario, que ha trabajado en Pemex al menos desde 1997, se desempeñó como titular de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas entre 2013 y 2016, y en ese tiempo, omitió reportar en su declaración patrimonial dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge y que tenían 3 millones 261 mil 176.52 pesos. La dependencia informó, en un comunicado, que la sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador iniciado por la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial. “Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”, precisó la SFP. En el comunicado, la dependencia explicó que con dicha conducta, la persona servidora pública, que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex, infringió el artículo 8, fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos. Al respecto, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, expresó que dicha resolución deriva de las acciones emprendidas por la SFP en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como Estafa Maestra. La dependencia agregó que “para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial”. Informó que en los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.
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