Redacción / La Voz de Michoacán León. En abril de 2021 se dio a conocer la detención de presuntos fabricantes de armas para el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero aquel dato no fue lo que convirtió este caso en uno más grave de lo que ya parecía ser, sino que entre los detenidos había dos universitarios. Estos estudiantes de Ingeniería Mecánica estaban creando drones explosivos para el crimen organizado. Ese año, en 2021, Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa tenían 27 y 26 años de edad respectivamente. Diego había estudiado Ingeniería Mecánica y Rogelio, Ingeniería Civil, en el estado de Puebla. Para la comunidad universitaria solo eran dos estudiantes más, pero para el narco eran sus empleados. El crimen organizado los reclutó como a decenas de jóvenes en México. Detrás de este reclutamiento estaba el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), liderado por Antonio Yépez Ortiz, El Marro. De manera extraoficial trascendió que habría sido Luis Hernández López, Bad Boy, integrante del CSRL, quien los habría contratado. Las investigaciones apuntaron que también trabajaban para El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso del CRSL, la organización criminal originaria de Guanajuato los hizo fabricar drones con explosivos C-4, una sustancia plástica poderosa que bien trabajada no estalla ni si quiera si es atinada por una bala o es incendiada. Los explosivos C-4 se pueden detonar a la distancia. Basta con presionar un botón. De acuerdo con las investigaciones, El Marro pretendía atacar con drones explosivos la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. No lo lograron. El 16 de abril fueron detenidos en un domicilio en Puebla al que entraron con la autorización del tío de uno de ellos. Al momento de su captura dijeron que eran comerciantes en Mercado Libre. Diego y Rogelio fueron trasladados al penal de San Miguelito en San Andrés Cholula, donde permanecieron poco más de un año hasta que en julio de 2022 fueron puestos en libertad. La juez Marcela Elizabeth García Cante calificó la detención como ilegal e inhabilitó 11 de las 13 pruebas señalando que se trató un “cateo simulado” pues, cuando los agentes de la fiscalía entraron, lo hicieron sin una orden de cateo. Por este fallo ambos quedaron libres el pasado 2 de febrero, pero la Fiscalía General de la República insistió en una sentencia ahora bajo la acusación de la portación ilegal de armas de fuego. Hoy los esfuerzos por poner a los antes acusados de fabricar drones explosivos tras las rejas llegaron a su fin. Rogelio ya había sido absuelto el pasado 25 de julio, pero ayer, un Tribunal Colegiado de Apelación en Puebla exoneró a Diego. El tribunal le dio una sentencia absolutoria de la acusación donde lo hacían responsable de portar armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército, informó Reforma.
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