Efe / La Voz de Michoacán Ciudad de México. México se unió este miércoles al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para perseguir financieramente a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, a la que acusan de mantener una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero, líder de la banda criminal Tren de Aragua. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está realizando acciones para localizar a la DJ, con presencia reciente y actividad financiera registrada en el país. Asimismo, la han incluido en el listado de Personas Bloqueadas, por lo que sus cuentas bancarias en México quedan preventivamente congeladas. También la han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la actividad de supuestas empresas fantasma en el país. Así, el Gobierno mexicano mostró su "compromiso" de mantener el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en el país. Dicha colaboración, añadió, se enmarca "en la cooperación permanente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional". La actriz y modelo, de 42 años, cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia. El Gobierno de Donald Trump sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones se destina al Tren de Aragua, designada como grupo terrorista por la Casa Blanca. Aparte de Araya, también fueron sancionadas por Washington otras seis personas y cuatro empresas acusadas de financiar a la organización criminal. El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Sudamérica.
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