Plan de austeridad no afectará a sindicalizados del INE, dice Segob, pero el instituto no tiene sindicatos

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que el plan de austeridad presentado este jueves por la Secretaría de Gobernación para organizar la revocación de mandato es una “tomadura de pelo” pues desconoce el funcionamiento del Instituto.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en W Radio, el funcionario del INE señaló que lo expuesto por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, carece de seriedad, pues no se mostró rigor en la corroboración de los datos.

“Piden que se afecte el fideicomiso con el que se compran los equipos de cómputo y cámaras fotográficas para emitir la credencial para votar, quieren que no se arrenden los locales donde tenemos los 800 módulos de atención ciudadana, ¿Qué pretenden? ¿Que las computadoras estén en la banqueta? Es decir, lo que estamos viendo por parte del gobierno es mucha falta de seriedad”, acusó.

Señalamiento que reiteró más tarde en su cuenta de Twitter, donde apuntó que, a diferencia de lo dicho por el gobierno federal, el INE no cuenta con sindicatos.

En tanto, en la entrevista, Murayama acusó que además de que la Secretaría de Gobernación presentó datos incorrectos, a su juicio se trató de una "declaración política" que violó la Constitución respecto a las atribuciones del gobierno federal.

"Lo que vimos hoy en la mañana no tiene que ver con la respuesta formal (de la Secretaría de Hacienda), fue más bien una declaración política de anticiparse a negar cualquier recurso al INE, incluso saltándose la Constitución, pretenden ellos decir cómo debe de erogar sus recursos el Instituto Nacional Electoral, nos hacen unas propuestas que incluso violan suspensiones de la Cortes, porque están proponiendo reducir prestaciones laborales que están protegidas por la Corte", explicó.

De igual manera, advirtió que en caso de que Hacienda decida negar los mil 738 millones de pesos solicitados por el INE, paradójicamente sería la administración del presidente López Obrador la que dañaría la organización de la revocación de mandato.

Lo anterior porque el órgano electoral cuenta con mil 567 millones de pesos, suficientes para instalar apenas un tercio de las 161 mil casillas que marca la Ley para un ejercicio de este tipo, explicó.