Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El gobierno de Donald Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, informó este miércoles Reuters, citando “fuentes familiarizadas con el asunto”. A decir de la agencia británica, las solicitudes, planteadas al menos tres veces por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, dijeron cuatro personas en entrevistas con el medio internacional. En sus discusiones, los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos del propio partido Morena y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas, dijeron dos de las fuentes. Las conversaciones no habían sido reportadas previamente. La administración del presidente Donald Trump ha justificado sus declaraciones de aranceles a México sobre la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno. Una ofensiva —que podría afectar a altos funcionarios electos mientras ejercen el cargo— marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad. Estados Unidos planteó la solicitud por primera vez en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la reunión, indicaron las cuatro personas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes. A decir de Reuters, ni la Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional tampoco respondieron a las preguntas de Reuters. México envió a 29 miembros de cárteles a Estados Unidos a finales de febrero —la mayor entrega de este tipo en años— tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. También se discutió la posibilidad de agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI, según dos fuentes. Como parte de las discusiones, dijeron dos de las fuentes de Reuters, funcionarios estadounidenses plantearon la idea de nombrar a un zar del fentanilo en Estados Unidos para que se comunique directamente con Sheinbaum sobre el progreso para combatir el opioide sintético mortal. Washington también presionó a México para que realice inspecciones más exhaustivas de los cargamentos y viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países. Presuntos vínculos con cárteles Aunque la Fiscalía Federal de México es independiente de la administración de Sheinbaum según la constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles. Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales son inmunes al procesamiento por la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves como tráfico de drogas o crimen organizado si lo autoriza el Congreso de México. Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado o pruebas en su contra. Pero dos de las fuentes dijeron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ávila anunció en sus redes sociales el 11 de mayo que Estados Unidos les había revocado las visas de turista a ella y a su esposo. No explicó el motivo y afirmó que la cancelación de la visa era "una injusticia". El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México no se han pronunciado sobre el caso. Perseguir a políticos en activo se ha considerado desde hace tiempo una línea roja en México, según cinco funcionarios diplomáticos. Si bien en ocasiones se ha arrestado y procesado a políticos mexicanos por corrupción en Estados Unidos, esto solo ha ocurrido después de dejar el cargo. En 2020, cuando el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA, se desató una crisis diplomática y se detuvo la cooperación entre ambas naciones en materia de delitos de narcotráfico. Estados Unidos retiró los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde no ha enfrentado ningún proceso judicial. Gobierno de México lo niega Tras difundirse la nota de Reuters, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó la información. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia señaló que “tanto la propia Cancillería mexicana como el Departamento de Estado de los Estados Unidos hemos dado cuenta de manera transparente de las diversas conversaciones mantenidas entre ambos países sobre distintos temas, incluida la seguridad”. Más delante niega la información al decir que “es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado, se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”, y, por el contrario, pues la Cancillería señala que “las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos”.
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