Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El aumento de la población, el deterioro y sobreexplotación de los recursos hídricos y el incremento de las sequías han impactado en la disponibilidad de agua en México, que pasó de 10 mil metros cúbicos por persona al año en 1960 a 4 mil en 2012, y se estima que para 2030, esta disponibilidad descienda debajo de los 3 mil metros cúbicos por habitante al año, advierte un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El organismo señaló que México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua, pues durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías, el aumento de la temperatura, variación de lluvias y la insuficiencia del sistema de presas. “El incremento de la temperatura y la variación en las precipitaciones han afectado las principales cuencas hidrológicas del país, por lo que se requieren modelos basados en escenarios climáticos y la actualización de las regulaciones de las regiones hidrológicas más vulnerables para lidiar con estos efectos”, señala el reporte. En 8 de las 13 regiones hidrológico-administrativas del país, advierte el informe, se consume actualmente más agua de la disponible. Las regiones Lerma-Santiago-Pacífico, Balsas, Pacífico Norte, y Río Bravo son las que presentan un mayor consumo anual de agua y al mismo tiempo son las que cuentan con la menor disponibilidad del recurso. Las entidades con mayor volumen de agua concesionado son Sinaloa, Sonora, Veracruz, Michoacán y Chihuahua; y las de menor volumen Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco y Tlaxcala. Los municipios con mayor consumo de agua, principalmente para actividades agrícolas, son Ahome, El Fuerte, Guasave, y Culiacán en Sinaloa; Cajeme, Álamos, Navojoa, Etchojoa en Sonora; y Mexicali en Baja California. Se agotan acuíferos El IMCO advirtió que las aguas subterráneas o acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación: su extracción aumentó 5.8 millones de metros cúbicos anuales de 2008 a 2020. Actualmente, 40 por ciento del agua proviene de los 653 acuíferos existentes en México y 60 por ciento de las fuentes superficiales. Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad. El reporte señala que para 2018, 18 por ciento de los 169 acuíferos del país estaban sobreexplotados. Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno. Del total de acuíferos sobreexplotados, 31 se ubican en la región Lerma-Santiago-Pacífico (que alimenta al centro del país), 24 en las Cuencas Centrales del Norte, 20 en la región Río Bravo y 18 en la Península de Baja California (que alimentan la frontera norte). Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce. Regulación eficiente, la clave El IMCO destaca que el uso del agua debe contar con regulación eficiente, gestión e inversión en infraestructura que garanticen el acceso y saneamiento de agua para consumo personal, doméstico, agrícola e industrial. “Su uso debe ser equitativo y sostenible, lo cual implica la participación coordinada del Gobierno federal, las entidades federativas y la ciudadanía”. El organismo propone mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor, desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor, a través, por ejemplo, de la compra y venta de bonos de carbono o bien financiamientos climáticos, así como evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país con criterios geofísicos en vez de geopolíticos. Además, plantea invertir en modernización y conservación de infraestructura hídrica, pues México necesita mejorarla para una gestión más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas.
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